El decreto presidencial por el que las fuerzas armadas realizarán tareas de seguridad pública recibió críticas de los partidos PAN y PRD, los cuales señalaron que es una muestra del fracaso de la estrategia gubernamental en contra de la inseguridad. Dijeron que buscarán por todos los medios de carácter constitucional invalidar dicho acuerdo, al cual calificaron de violatorio de la Carta Magna.

El PAN, que en la administración de Felipe Calderón respaldó la militarización, ayer planteó que el decreto es una muestra de incongruencia de la autoridad gubernamental entre la crítica al uso de las fuerzas armadas que hizo en el pasado y su posición actual.

Senadores de Morena demandaron a la oposición dejar de actuar con mala fe, ya que el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador no otorga facultades extraordinarias a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, sólo delimita su actuación, con base en la reforma constitucional que aprobó el Congreso para crear la Guardia Nacional.

Desde hace 20 años, en el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, comenzó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de manera abierta, ya que en 1999 se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual surgió con la incorporación de 5 mil elementos de la Policía Militar.

El especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas Raúl Benítez Manaut aseguró que “el reciente decreto no hace cambios a la ley de creación de la Guardia Nacional, tampoco modificará la situación, pues de facto las fuerzas armadas ya tienen militarizada la seguridad pública aunque no esté en ningún decreto y ello viene desde hace años”.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que en el artículo quinto transitorio de esa reforma se estableció un plazo de cinco años para el regreso de los militares a sus cuarteles, por lo que hasta 2024 los integrantes de las fuerzas armadas podrán realizar tareas de seguridad pública. No se vale que, aprobado por unanimidad, ahora se cuestione, recalcó.

Por separado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Salgado Macedonio, dijo que tanto PRI como PAN son desmemoriados. Ya no se acuerdan que sus gobiernos dejaron un país en llamas y en lugar de colaborar a resolverlos, lo que hacen es atacar diariamente a Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia virtual, los senadores del PAN, Kenia López, Víctor Fuentes, Xóchitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota y Damián Zepeda sostuvieron que el decreto no cumple con las condiciones establecidas en la reforma aprobada por el Congreso en 2019, por lo que lo impugnarán legalmente, ya que se pretende emplear sin controles a las fuerzas armadas.

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, informó que se solicitará la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas para que rindan cuentas en materia de seguridad y justicia, porque es evidente el fracaso de la estrategia del gobierno federal y de la Guardia Nacional.

También destacó que se pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se pronuncie sobre el tema, y se recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para que también emitan sus observaciones.

Organismos autónomos y civiles de derechos humanos también manifestaron su preocupación por el decreto, por considerar que no tiene filtros para evitar que esta situación sea permanente y que fortalecerá el círculo vicioso de impunidad, abuso de autoridad y violencia generado por la actuación de militares en tareas de seguridad pública.