Impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, así como con el voto del PRI, el Congreso suprimió de la Constitución el requisito para que el titular del Poder Ejecutivo solicitara el uso de la fuerza armada permanente al Legislativo, y a partir de ello abrió la puerta para que el Ejército y la Marina realicen actividades de seguridad pública.

En sus campañas previas aspirando a la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció regresar a los militares a los cuarteles, a más tardar en seis meses del inicio de su gobierno.

En julio de 2019, a un año de su presidencia, dijo a La Jornada que la participación de militares en tareas de seguridad no es otro proyecto distinto a su compromiso original y abundó: Si por mí fuera, desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista y no necesita Ejército, pero hay resistencias

Sostuvo que la reforma para permitir la participación de militares en tares de seguridad fue porque la situación era increíble: si ocurría un asalto frente a un cuartel, no podían actuar porque no lo permitía la Constitución. La postura histórica dio un giro luego de la reunión de agosto de 2018 con el ex secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien le ofreció al entonces presidente electo sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas.

Este lunes, su gobierno publicó el acuerdo que ordena al Ejército y la Marina complementar las tareas de la Guardia Nacional hasta 2024, como prevén los transitorios de la reforma del año pasado.

La diputada Dolores Padierna (Morena) afirmó que con ello se regulariza la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública y se define el límite de su participación al 27 de marzo de 2024.

En otras palabras, es el compromiso del Presidente de que en su sexenio se logre la desmilitarización. Antes de 2006, los operativos militares contra el narcotráfico tuvieron por regla general plazos acotados y objetivos específicos. Sin embargo, Felipe Calderón echó a andar una política de combate frontal al narco basada en el despliegue de las fuerzas armadas en operativos de carácter permanente, recordó.

Enrique Ochoa Reza (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, dijo que el acuerdo confirma que los militares estarán en las calles no más allá del 27 de marzo de 2024 y, en tanto, ejercerán, en tiempos de paz, funciones que deberían competer a las policías civiles.

Sigue pendiente la claridad jurídica para distinguir las funciones de seguridad nacional y seguridad pública y no queda resuelto el marco legal para que las fuerzas armadas actúen con certeza y protección jurídica en funciones de seguridad. Lejos de regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles, el acuerdo confirma cuatro años más de presencia militar, sin certeza para ellos o los ciudadanos, expresó.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que los militares ejercerán funciones de la Guardia Nacional de manera directa y sin restricciones, podrán realizar detenciones, con el riesgo del endurecimiento de la política de seguridad.