Los ataques a profesionales de la salud a manos de personas que temen contagiarse de coronavirus continuaron este fin de semana. En Parral, Chihuahua, un sujeto arrojó cloro a un enfermero, y similar agresión padeció un médico en Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.

El enfermero Francisco Núñez, quien labora para en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parral, dio a conocer en redes sociales que el sábado fue víctima de una acometida.

En un video, afirmó: Soy el enfermero que bañaste en cloro afuera de un centro comercial, nomás quería decirte que esto no te va ayudar en nada a no contagiarte ni a ti ni a las personas que venían contigo. Utiliza cubrebocas y sobre todo no salgas de casa. Éste fue el primer caso de su tipo en Parral.

En Tezoatlán de Segura y Luna, municipio ubicado en la región mixteca de Oaxaca, el médico identificado con las siglas JSJ fue víctima de una agresión a manos de una mujer que lo visitó en su consultorio particular.

Ha de ser Covid positivo y sigue laborando, yo que usted me desinfecto, le dijo la fémina al galeno, a quien arrojó con una jeringa cloro al cuerpo, rostro y manos. JSJ montó hace tres años un consultorio y por las noches es médico de guardia en el ayuntamiento de Tezoatlán de Segura y Luna.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tomó conocimiento del ataque y autoridades municipales ofrecieron apoyo legal a JSJ.

Hace un par de semanas, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a los artículos 412 bis y 187 bis del Código Penal del estado, que ahora castiga hasta con ocho años de prisión a quien agreda a un trabajador de la salud.

En este contexto, los diputados Leopoldo Domínguez y Rosa Mirna Mora, del PAN, presentaron una iniciativa para modificar el artículo 215 del Código Penal de Nayarit –donde la semana pasada hubo siete embestidas contra personal médico–, y aumentar las sanciones a quien atente contra la seguridad e integridad de un profesional de la salud.

Actualmente, el ordenamiento señala que quien perpetre un delito en contra de un servidor público al ejercer sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicarán de tres a siete años de prisión, además de las sanciones que le corresponda por el o los delitos cometidos.