n días recientes se han dado a conocer los primeros datos concretos sobre el impacto económico de las medidas implementadas a fin de contener la propagación del Covid-19, y éstos resultan a todas luces preocupantes. Sólo en los sectores que atiende, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reporta pérdidas de 200 mil millones de pesos en la semana del 17 al 23 de marzo, y asegura que la sangría diaria para sus agremiados asciende a 28 mil millones de pesos. Por su parte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por siglas en inglés) alertó que hasta 7 millones de empleos podrían perderse en México, Estados Unidos y Canadá a causa de la pandemia, como ya lo refleja el aumento drástico de solicitudes de ayuda por desempleo registrado en la segunda de estas naciones.
Ante dicho panorama, son saludables los anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el gobierno federal dispone de 400 mil millones de pesos para mantener en marcha los programas de bienestar social y enfrentar la caída en los precios del petróleo, se adelantará cuatro meses de pensión a los adultos mayores para que no se vean obligados a salir de sus casas durante la contingencia, y se ejercerán 25 mil millones de pesos para otorgar un millón de créditos que ayuden a sortear la crisis a pequeños comerciantes, taxistas y comercios de comestibles, entre otros.
Sin embargo, la magnitud de las afectaciones en curso –más las que habrán de sumarse mientras se controla la pandemia– hace sencillamente imposible que se ponga en marcha un plan capaz de blindar a la economía en su totalidad, no sólo para un país con los rezagos que padece México, sino para cualquier otro Estado. Ante el carácter inevitable del daño, es necesario que la respuesta continúe enfocada en aliviar la situación de los sectores más vulnerables, entre los cuales se cuentan precisamente los miembros de la tercera edad y los dueños de micronegocios.
Además, encarar los efectos combinados de la pandemia y de las medidas desplegadas para contenerla requiere una verdadera unidad nacional en la que se dejen de lado tanto las rencillas políticas como las campañas de golpeteo corporativo y mediático para dar paso a una actuación conjunta de todos los sectores, los partidos, las ideologías y, en suma, de todos los individuos en pos del bien común. Lo que la actual coyuntura pone a prueba es nada menos que la capacidad de convivencia en el contexto del Estado de sectores que hasta ahora se han dado la espalda o han entendido la defensa de sus intereses como una lucha de suma-cero.
Por último, debe recordarse que reducir el impacto económico del Covid-19 pasa en primera instancia por la respuesta coordinada de las instancias de salud pública, y en este aspecto es urgente que las entidades federativas armonicen su actuación –salvando las inevitables singularidades de cada una de ellas– con la de las autoridades federales. La grave coyuntura reclama coordinación y colaboración de instancias de gobierno, poderes de la Unión, sectores y ciudadanos.
