Además de los funcionarios con puestos más altos, alrededor de 77 mil servidores públicos del actual gobierno decidieron hacer pública su declaración patrimonial y de intereses por voluntad propia, lo que significa 42 por ciento más que en el año anterior, señaló la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Lo anterior es una muestra de la proactividad ordenada por esta administración y de que sus servidores públicos están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, indicó la funcionaria durante la firma de un convenio de colaboración con el órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de ese acuerdo, la dependencia podrá revisar bases de datos de servidores públicos y empresas sancionadas como parte de un sistema que pronto deberá integrarse con la información de otras secretarías en la plataforma digital nacional.

Sandoval indicó que en la anterior administración los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses representaban una manzana envenenada, pues no eran funcionales y hacían responder casi mil reactivos a los servidores públicos de las categorías más bajas, lo que se prestaba a errores al llenar cuestionarios demasiado complejos.

Dicen que las reglas inútiles debilitan a las necesarias y por eso pusimos atención a los formatos que nos dejaron en el régimen pasado. No consideramos que estuvieran debilitados, paradójicamente, con cifras y datos que en nada contribuían a detectar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses.

Sandoval recordó que en septiembre se difundieron las bases de datos con información de funcionarios que intervienen en contratación, así como de empleados y empresas sancionadas.