Por notoria y manifiesta improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la ley Bonilla, que es como se conocen las reformas hechas a la Constitución de Baja California para que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez sea de cinco años, y no los dos para los cuales fue electo originalmente.

El ministro encargado de analizar el tema, Fernando Franco González Salas, desechó de plano la queja con base en que, según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos autónomos, como el INE, no están legitimados para promover esos juicios ante la Corte, a menos de que se trate de una invasión directa a su esfera de competencias, lo cual no es el caso.

El INE sabía de este impedimento, pero aun así promovió el juicio con el argumento de hacer valer sus facultades legales implícitas, considerando que el recurso ante la SCJN se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a escala nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.

Como parte de su argumentación, el instituto sostiene que la ley Bonilla pretende tener efecto retroactivo sobre una elección ya realizada, con lo cual se violentael principio de certeza jurídica.

El plazo para impugnar las reformas legales en Baja California ante la SCJN venció a principios de este mes; sólo admitió seis acciones de inconstitucionalidad, promovidas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, y la organización política local Partido de Baja California, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A estas se suma la controversia constitucional que, sobre el mismo tema, promovió el gobierno saliente de Baja California. Todos estos juicios se acumularon bajo la ponencia del ministro Franco, quien iniciará el proceso de instrucción que durará por lo menos un par de meses.