Los ex diputados locales que aprobaron la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años la gubernatura de Baja California, recibieron por ello entre 200 mil y 500 mil dólares, aseguró el ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de ese estado, Jaime Martínez Veloz. Al ratificar ante la Fiscalía General de la República (FGR) su denuncia contra quien resulte responsable por la citada modificación legislativa hecha de manera irregular, después de las votaciones estatales del 2 de junio, Martínez Veloz dijo que personeros de los ex legisladores fueron citados en un hotel de Mexicali, donde Amador Rodríguez Lozano, cercano colaborador del gobernador electo, Jaime Bonilla, –del partido Morena–, les entregó los recursos un día antes de que los ex legisladores aprobaran la prolongación del mandato. Martínez Veloz llegó a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México acompañado por integrantes de la dirigencia del PRD, entre ellos, Ángel Ávila, quien pidió al titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, que tome el caso en sus manos.