Las cuentas de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) –ahora de Bienestar– y de Emilio Zebadúa, oficial mayor en ambas dependencias, fueron bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con fuentes de la dependencia, los delitos que se imponen en la causa contra ambos ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto es por desvío de recursos públicos, creación de empresas fachada y lavado de dinero.

El 30 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, reveló que se realizan pesquisas en el sistema financiero para identificar los vínculos del desvío multimillonario en el gobierno de Peña Nieto: “En este momento estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la Estafa maestra”.

Robles y Zabadúa estuvieron al frente Sedesol y Sedatu, la primera como secretaria de las dependencias y el segundo como encargado de los recursos de cada una.

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación revelaron que entre 2013 y 2014 un total de 11 dependencias otorgaron contratos irregulares por 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas, 128 de ellas fantasma.

Nombrado como la Estafa maestra por las investigaciones periodísticas que ventilaron el caso, se involucró a seis universidades a través de las cuales se contrataba a empresas fantasma.

La operación estuvo maquinada en las dependencias que tuvo a su cargo Robles, pero también se contó a Pemex y Banobras, con Emilio Lozoya y el ahora gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, respectivamente, como titulares de la empresa y banca de desarrollo.

A solicitud de la Fiscalía General de la República que busca vincularla a proceso por su presunto ejercicio indebido del servicio público durante su gestión, Robles está citada comparecer ante un juez federal el próximo jueves 8 de agosto a las 11 de la mañana.

Apenas el miércoles pasado el juez federal Leopoldo Vargas, titular del juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional que impide ejecutar cualquier orden de presentación o aprehensión contra Robles de manera temporal.