Los municipios de Mexicali y Tijuana, Baja California, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise su decisión, tomada la semana pasada, de desechar sus controversias constitucionales en contra de la llamada ley Bonilla.

Las controversias de ambos municipios fueron desechadas por notoria y manifiesta improcedencia, por los ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Corte: Yasmín Esquivel y Juan Luis González. Consideraron que los quejosos deben esperar a que las reformas se promulguen y entren en vigor para poder entonces impugnarlas.

Con los recursos de reclamación que interpusieron, los ediles de Mexicali y Tijuana buscan que una de las salas de la SCJN revise su decisión de desecharlos y eventualmente pueda revertirlos para dar trámite a sus controversias.

Los ayuntamientos promoventes de las controversias argumentan que impugnan sólo el proceso legislativo que dio origen a las reformas, pues su opinión no fue consultada antes de la votación en el Congreso local. Sin embargo, los ministros Esquivel y González afirmaron que aun en ese caso deben esperar a que el proceso legislativo concluya, lo cual no ocurrirá hasta que las reformas sean publicadas.

La llamada ley Bonilla fue aprobada por el Congreso de Baja California la semana pasada, y aunque el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid, anunció que no la promulgará, el Legislativo local podría hacerlo por su cuenta. Varios partidos políticos han anunciado que en cuanto esto ocurra impugnarán la norma ante la SCJN.