Avanzan en el Senado los trabajos para dictaminar la reforma que califica como delito grave la expedición y venta de comprobantes fiscales falsos para deducir operaciones inexistentes o simuladas. Se trata de un problema fuerte, ya que de 2014 a la fecha se han emitido 8.8 millones de facturas apócrifas en México por un monto de casi 2 billones de pesos.

Ese ilícito ha ocasionado un quebranto financiero, con pérdidas hasta de 510 mil millones de pesos al año en la recaudación fiscal, informó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Precisó que la reforma, propuesta por su bancada, busca aumentar en el Código Penal Federal la penalidad para ese ilícito de dos a nueve años de prisión, con lo que se sitúa como delito grave y no será posible que la sentencia de cárcel se sustituya con multa. Quienes expidan, adquieran o vendan comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes irán a prisión.

El senador Monreal recalcó que se trata de uno de los mecanismos más comunes para engañar y defraudar al Estado, por lo que la nueva ley dará las herramientas jurídicas necesarias para debilitar las estructuras financieras de los llamados factureros y otros delincuentes de cuello blanco.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aclaró que la reforma incluirá las previsiones necesarias para asegurar que los empresarios honestos que cumplan con sus obligaciones fiscales no tengan incertidumbre al cumplir con su actividad.

El problema es de tal impacto, dijo, que otros senadores han hecho sus propias propuestas al respecto. Entre otros, la senadora del PAN Minerva Hernández, quien plantea fortalecer el combate a la corrupción mediante la Ley de Responsabilidades Administrativas y Penales de los Servidores Públicos y aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada.