La política del presidente Andrés Manuel López Obrador –particularmente la relacionada con el sector energético por la cancelación de proyectos–, la inseguridad y la corrupción siguen obstaculizando el crecimiento económico de México, asegura un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe 2019 Investment climate statements: Mexico indica que la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, así como el cambio de régimen iniciado en diciembre, siguen siendo clave en la incertidumbre para las inversiones.

El Departamento de Estado subraya que las políticas, programas y comunicaciones conflictivas de la actual administración han contribuido a la incertidumbre que vive el país y se relacionan, sobre todo, con las reforma energética emprendida en el gobierno de Enrique Peña y con la salud financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que trata de rescatar la actual administración.

Aunque admite que las nuevas autoridades han manifestado su compromiso de mantener una política fiscal y monetaria prudente, también han cumplido sus promesas de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, recortar salarios a servidores públicos y suspender las subastas para energéticos.

La incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos, la inseguridad y la corrupción siguen obstaculizando el crecimiento de México. Esos factores elevan significativamente el costo de hacer negocios en el país, asegura.

Remarca que instituciones financieras, incluido el Banco de México, han revisado a la baja las expectativas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país para 2019, mientras las agencias de calificación crediticia han rebajado o puesto en perspectiva negativa la nota del soberano y de otras instituciones.

Agrega que México es uno de los países receptores de inversión extranjera directa de Estados Unidos debido a su cercanía. Sin embargo, destaca que ésta se ha concentrado en el Bajío y en la zona norte, pero ello podría cambiar si la nueva administración se enfoca en atraer capitales hacia los estados del sur.

Indica que México aún reserva la inversión en hidrocarburos y el sistema eléctrico –aunque añade que con la reforma energética se abrió parte del sector–, pero enfatiza la decisión del presidente López Obrador de suspender las subastas hasta 2022.