l que miente roba, decía un abogado con el que trabajé cuando hice mi práctica profesional como pasante de derecho; se refería a un cliente al que se negó a representar en un juicio porque éste no le dijo la verdad cuando le planteó su caso. Dura expresión y una lección inolvidable para el estudiante que la escuchó. Hoy viene al caso con motivo de la oportuna denuncia que hizo la doctora Ernestina Godoy ante la Fiscalía General de la República con motivo de la falsificación o maquillaje de cifras sobre delitos cometidos en la ciudad durante el gobierno anterior.
La prensa se ha ocupado de esto y parecería que ya no hay mucho más qué decir, sino esperar a que el Poder Judicial dicté su fallo y defina si hubo o no delito y quién o quiénes fueron los culpables. Al margen del Código Penal, que establece sanciones en contra de aquellos que den información falsa a la autoridad, está vigente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que dispone una pena de dos a ocho años de prisión al que ingrese a sabiendas información errónea que dañe o pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o los sistemas que las contengan
. Se refiere por supuesto a la estadística criminal.
Hay un tipo penal preciso que el legislador ideó para proteger la información que el Estado mexicano requiere para enfrentar a la delincuencia y garantizar seguridad; no se trata de perseguir a quienes pudieran haber tenido un error o a quienes se hayan equivocado al transcribir o transmitir información, se trata de sancionar a los que en forma intencionada modifican o alteran la información con algún fin específico, a los que actúan con dolo al maquillar la estadística criminal.
Maquillar es un arte, el de hermosear la faz con afeites; significa hacer aparecer al rostro con cualidades que de por sí no tiene. Se trata en el fondo de una inocente superchería, de un pequeño engaño en aras de la estética, lo que antaño se definía como una mentira piadosa
. Pero tratándose de la seguridad de todo un pueblo, de la confianza en las autoridades y de la eficacia de éstas en el cumplimiento de uno de sus deberes principales que es el de dar seguridad al pueblo, ya es otra cosa.
No es lo mismo hacer sonriente un rostro adusto o poner chapas a unas pálidas mejillas que informar falsamente sobre el número de delitos cometidos en un estado, una alcaldía o en todo el territorio nacional.
Se ha dicho que la información es poder y que el de información veraz y oportuna es uno de los derechos humanos reconocido por los tratados internacionales y por la Constitución, es un bien colectivo que la ley debe proteger.
La denuncia de la procuradora de Justicia de la capital del país está más que justificada: pretende garantizar el derecho a la información, que en una sociedad cualquiera es fundamental, se trata también de proteger una herramienta que el Estado requiere para cumplir con sus fines específicos, uno de los cuales es garantizar a los ciudadanos orden y seguridad. Gobernar requiere saber, tener los datos, tipos de delito, localización, características de los autores y las víctimas; contra eso se atenta al alterar cifras.
Pero hay algo más que se debe averiguar: el motivo de esas alteraciones o maquillaje. ¿Sólo era publicidad? ¿Sólo para pararse el cuello ante la opinión pública? O más bien, como se vislumbra, la intención fue preparar el terreno para hacer que el nuevo gobierno, el de la 4T se viera mal, pareciera ineficaz al inicio de su gestión. Si es así, estamos ante una pieza más del elaborado y costoso rompecabezas urdido para que el gobierno electo democráticamente se perciba como poco atinado y torpe.
Será entonces, además de un delito, una falta de ética política propia de quienes se alegran ante lo que consideran errores o equívocos del gobierno que llegó al poder en 2018. Por rivalidad o temor no miden el daño que hacen al pueblo y al Estado mexicano mintiendo e intrigando.
