on 420 votos a favor, nueve abstenciones y únicamente 10 en contra, de legisladores que restan al Partido de la Revolución Democrática, la Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta de Ley de Extinción de Dominio elaborada en el Senado. De acuerdo con sus impulsores, esta legislación permitirá recuperar para la nación los bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas, con lo que se podrá comenzar a atajar la impunidad con que históricamente se han saldado los actos de corrupción.
Entre los puntos más destacados de la norma se encuentran la ampliación a 245 del catálogo de delitos susceptibles de causar extinción de dominio, la imprescriptibilidad de las acciones de extinción, la pérdida de derechos de propiedad de las personas físicas y morales cuando se encuentren ligados a un hecho ilícito, la obligación para los funcionarios públicos de comprobar la consistencia entre sus bienes y sus ingresos, y la incorporación de mecanismos de acción internacional.
Este último punto resulta de especial trascendencia si se considera que la inminente puesta en vigor de la ley coincide con lo que se avizora como uno de los procesos de recuperación de bienes más grandes de la historia, el referente a las propiedades y cuentas bancarias del ex líder del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera. Debe recordarse que, desde la semana pasada, la sentencia a cadena perpetua contra el ex narcotraficante en una corte del estado de Nueva York propició declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en torno a los esfuerzos que emprenderá el Estado para que le sean entregados los recursos eventualmente incautados a El Chapo.
Más allá de los resultados que puedan obtenerse en este caso de gran resonancia mediática, cabe esperar que, cuando entre en vigor, la Ley de Extinción de Dominio signifique un verdadero cambio de página en la larga estela de impunidad de la que hasta ahora han gozado los transgresores de la ley en lo tocante a su patrimonio. Este giro resulta fundamental para el efectivo combate al crimen, pues queda claro que esta impunidad financiera es uno de los factores que han permitido mantener prácticamente intactas las estructuras criminales, pese al encarcelamiento de los delincuentes.
