Jueves 25 de julio de 2019, p. 12
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para obligar a las empresas a incluir un etiquetado frontal en sus alimentos y bebidas no alcohólicas que informen al consumidor su contenido de sodio, azúcares y grasas saturadas.
La medida (aprobada a pesar de que la industria de alimentos y bebidas envió 20 cartas a la comisión) busca que sean los consumidores quienes de manera consciente decidan si consuman esos productos.
El dictamen quedó avalado con 24 votos a favor –incluso del diputado petista Francisco Favela, quien abogó por escuchar a las empresas– y la abstención de dos panistas. La comisión autorizó convocar a foros antes de que el dictamen se analice en el pleno en septiembre, y Javier Hidalgo (Morena) propuso que en éstos se pregunte a los industriales si consumen sus propios productos: Quiero saber si es su forma de consumo permanente. Si los de Coca Cola la toman y se la dan a sus hijos o nada más nos la venden
.
Los legisladores explicaron que el etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas constituye la única fuente de información de los consumidores: Por ello es importante que éste sea fácil de localizar, leer, interpretar y que la información presentada sea de fácil comprensión para todo tipo de población y tomar una serie de decisiones informadas respecto a los alimentos y bebidas que consume
.
Martha Tagle (MC) señaló que se trata de una medida necesaria y urgente frente a la crisis de salud causada por el consumo de productos y bebidas con altos niveles de azúcar, grasas y sodio.
Actualmente, dijo, para conocer el contenido de esos tres ingredientes se requiere tener calculadora, una vista portentosa, lupa o lentes potentes para poder ver
.
La modificación se toma, añade el dictamen, para cumplir con el respeto a la protección del derecho a la salud, a la información y la alimentación, principalmente en relación con el interés superior del menor.
El etiquetado frontal que se propone busca convertirse en un mecanismo que permita alertar a la población sobre riesgos de consumo de alimentos no recomendados para la salud, en particular para proteger a niños y adolescentes del estímulo al consumo de dichos productos
, agrega.
También se prevé la obligación de incluir un sistema de información nutricional para identificar a los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadido.