Las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali en contra de la ampliación del periodo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por notoria y manifiesta improcedencia.

Ambos municipios no impugnaban la reforma en sí, sino el proceso legislativo para su aprobación. Sostenían que el Congreso estatal no cumplió con el requisito de convocar a los ayuntamientos a la Comisión de Dictaminación, para que dieran su opinión sobre las modificaciones a la Constitución local.

Sin embargo, los ministros que forman parte de la Comisión de Receso de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, señalaron que el procedimiento legislativo aún no concluye, pues la reforma impugnada no ha sido promulgada.

Explicaron que hay jurisprudencia de la SCJN donde se define que una controversia constitucional sólo procede ante actos definitivos, y que en este caso el proceso legislativo está inconcluso.

Al entregar su controversia, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, sostuvo que estaban en el plazo procesal adecuado para presentar el recurso, lo cual no fue avalado por los ministros.

Sin embargo, la SCJN añadió que la decisión de este miércoles no prejuzga la procedencia de otras controversias futuras, que se puedan interponer cuando la reforma a la Constitución de ese estado haya sido promulgada.