n las últimas semanas han estado en debate dos temas que son relevantes para nuestra democracia y que han generado gran polarización en la opinión pública. Me refiero a lo concerniente a la CNDH y su calidad institucional, así como lo relativo a los medios de comunicación y las recientes manifestaciones presidenciales sobre la revista Proceso, Financial Times y Reforma.

Sin libertad de expresión simple y sencillamente no hay democracia, es consustancial la oportunidad de investigar y divulgar sin cortapisas, así como el derecho colectivo de la sociedad para acceder a la información.

En tanto, los organismos constitucionales autónomos surgieron en la institucionalidad mexicana como una apuesta por blindar de injerencias políticas temas centrales de nuestra vida nacional; es decir, la división clásica de poderes no fue suficiente como esquema de pesos y contrapesos y se apostó a generar órganos que no dependieran de ningún poder y que estuviesen dotados de por lo menos tres autonomías: la técnica, la de gestión y la financiera. Temas centrales como la política económica, los derechos humanos, la democracia procedimental, el derecho al acceso a la información pública y las telecomunicaciones, entre otros, fueron encargados a órganos garantes como la CNDH, el Banco de México, el INE y el INAI.

Los debates se han polarizado porque desde la Presidencia se ha acudido a la descalificación y ello genera ruido, al grado de que perdemos el foco de lo relevante, por lo menos en términos democráticos, que es cómo asegurar el papel de los medios de comunicación en un entorno de libertad de expresión y cómo revisar y –en su caso– rediseñar el modelo de órganos constitucionales autónomos en nuestra maltrecha democracia.

Considero que ello es crucial porque cada día que pasa de la denominada 4T, es un día donde nos debatimos entre lo nuevo y lo viejo, entre una transformación de régimen o una alternancia política y con ello sólo un cambio de colores partidistas.

Lo nuevo y, sobre todo, lo propio de un gobierno progresista frente a los medios es cómo cesar la vieja y corrupta práctica de la publicidad oficial como el método más sofisticado para coartar la libertad de prensa a través de prebendas económicas que, de manera perversa, generan dependencia financiera de los medios hacia los recursos públicos del Estado y con ello se erigen en un garrote efectivo cuando el poder público se incomoda con algún reportaje de investigación.

Como práctica del poder público es mejor tener un presidente vocal que debata abiertamente con los medios que un régimen como el de Peña, que acudía al financiamiento público como la mejor estrategia para coartar la libertad de expresión. De cualquier forma, mal hace el actual Presidente en personalizar: una cosa es que ejerza su derecho de réplica frente al contenido de un reportaje y otra es que denueste la línea editorial de un medio o que de manera prejuiciosa los denomine fifís.

En todo caso, el debate central en esta agenda tendría que ser una regulación de la publicidad oficial que garantice la libertad de prensa y ello sería una oportunidad para un gobierno progresista como se asume la 4T. Un buen comienzo fue la publicación de la lista de medios y personas beneficiadas por el presupuesto público.

Lo mismo sucede con las expresiones descalificadoras a la CNDH. El tema central es si los órganos constitucionales autónomos son útiles como fórmula democrática para asegurar que temas estratégicos para nuestra vida nacional estén a salvo de injerencias e intereses políticos y ello se traduzca en verdadera garantía de derechos.

Es la segunda vez que el Presidente arremete contra órganos autónomos. Desde la campaña lo hizo contra el INAI y ahora contra la CNDH. A nadie escapa que buena parte de la perversión de estas instituciones radica en los propios partidos políticos. Por una parte, el INAI en esta última época ha sido ejemplo de cuotas políticas: algunos comisionados afines al PRI, otros al PAN y así sucesivamente, literalmente como si se repartieran rebanadas de un pastel. Basta recordar que la anterior comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora, se destacó por su cercanía personal a Enrique Peña.

Lo mismo sucedió históricamente con la CNDH, porque ahí la encomienda del Ejecutivo en turno era tener a un ombudsperson fiel y leal que no levantara la voz. Ejemplos sobran: Mirielle Roccatti, José Luis Soberanes, Raúl Plascencia Villanueva, claras comparsas del poder que se desempeñaron penosamente en favor de las instituciones públicas y en contra de las víctimas de este país.

Hoy no tenemos la CNDH que necesita la nación, pero me atrevo a decir que sí su mejor versión, aunque en casos penosos como Ayotzinapa no haya estado a la altura. Tampoco tenemos un sistema no jurisdiccional de protección autónomo; las comisiones estatales de derechos humanos siguen siendo cargos de trampolín político y plegadas al Ejecutivo estatal en turno.

En resumidas cuentas, lo nuevo y propio de un gobierno progresista sería el debate sobre la regulación transparente de la publicidad oficial y sobre la necesaria reforma de los organismos públicos para garantizar su autonomía, pues es lo que permitirá fortalecer la democracia y asegurar la vigencia de derechos. En tanto ello no suceda debemos afirmar que, al hablar de la 4T, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir.