Ante el creciente número de desplazados por la violencia, México prepara una ley general para atender el fenómeno que podría significar millones de víctimas en los años recientes.

Alexandra Bilak, directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), con sede en Ginebra, indicó que los estragos aquí podrían compararse con los de Medio Oriente o Africa subsahariana.

Precisó que si bien se parte de un cálculo preliminar de 380 mil probables desplazados en México por el crimen (registrados en el periodo 2009-2018), el fenómeno crece cada año y los datos disponibles actualmente están incompletos.

El rango para llegar a una cifra cercana a la realidad oscila entre uno y 8 millones de personas, por lo que el primer paso es acotar esta perspectiva.

En el contexto global, (se asemeja) a Africa subsahariana y Medio Oriente, con el mayor número de personas desplazadas internamente (por conflictos internos y crimen) y, en cuanto a desastres naturales se compararía con el sudeste asiático, el sur de Estados Unidos y el Caribe, dijo en conferencia de prensa en la cual funcionarios de la Secretaría de Gobernación presentaron un proyecto de generación de normas y políticas públicas en la materia.

Bilak indicó que el primer gran avance es que el gobierno reconoce la situación y pretende colocar las bases para hacerle frente. No obstante, advirtió que el tratamiento significa una importante inversión material y voluntad política.

Andrés Ramírez, director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que resulta irónico que el país tenga un marco legal para extranjeros desplazados y no haya una instancia para las víctimas locales.

Es por ello que los trabajos hacia un marco legal y operativo para atender a los desplazados debe partir de datos cercanos a la realidad y no avanzar de manera espontánea, dando palos de ciego.

Recordó que el origen de la Comar es un ejemplo de esa situación, porque fue constituida en los años ochenta para atender a los refugiados guatemaltecos, pero pasaron muchos años para la adhesión de México a la Convención de Refugiados y tener, hasta el año 2011, una ley para ese ámbito.

Es así que el tema del apoyo a los desplazados no puede postergarse más porque es algo que piden a gritos las víctimas de este fenómeno; al contrario, señaló Ramírez, urge entrarle al toro por los cuernos.

Rocío González, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, dijo que el fin de la ley en referencia es prevenir, proteger y dar soluciones verdaderas a quienes hoy son desplazados.

Igualmente, acatar las recomendaciones emitidas al gobierno federal desde hace 10 años.

En cuanto al IDMC, se precisó que es una instancia fundada en 1998, año en que brindaba asistencia a 23 países, y hoy lo hace con decenas de naciones que atraviesan por episodios de conflictos, violencia interna y efectos de fenómenos naturales.

Bilak hará un recorrido de trabajo por algunas entidades, incluidas Chiapas y Guerrero.

Indicó, al igual que los funcionarios mexicanos, que sería imperdonable no abordar con profundidad esta circunstancia. Es también un reto político, subrayó.