El ex procurador general de Justicia de la Ciudad de México Edmundo Garrido Osorio y 106 servidores públicos y ex funcionarios de la Dirección General de Estadística Criminal, entre ellos su titular, César Martínez Jasso, son investigados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la modificación de la incidencia delictiva de alto impacto el año pasado.

Tras una auditoría del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), apoyado por personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se detectó la manipulación en 73.9 por ciento de los registros de delitos, como homicidios, secuestros, violación y robos.

De esta manera, los delitos de alto impacto crecieron en 24 mil 26, al pasar de 32 mil 506 a 56 mil 532, por lo que el secretariado presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que se sumará a la presentada por la PGJ ante su Fiscalía de Servidores Públicos.

La reclasificación más grande en la revisión de 241 mil 30 carpetas de investigación, cuyo número aumentó 2.7 por ciento, fue en el delito de secuestro, que se incrementó 700 por ciento, al pasar de 35 inicialmente a 280, al incluirse los casos de secuestro exprés.

En segundo lugar se ubicó el robo a pasajero dentro del Metro, con un alza de 407.3 por ciento, al pasar de 904 expedientes a 4 mil 586; seguido de robo a transeúnte en vía pública en 151.1 por ciento, que se disparó de 9 mil 576 a 24 mil 238 expedientes.

La violación fue otro de los delitos que tuvo una fuerte variación, 104.8 por ciento, al pasar de 682 carpetas a mil 397; en tanto, el número de expedientes por robo a negocio con violencia creció en 51.3 por ciento, de 3 mil 16 a 4 mil 562, destacó.

En el documento del Secretariado Ejecutivo se destaca que otros incrementos se presentaron en los delitos de robo de vehículo, con 24.4 por ciento; a pasajero a bordo de microbús, 21.1; robo a transportista, 15.7, y robo a repartidor, 12.7 por ciento.

Mientras, las carpetas iniciadas por homicidio doloso crecieron 11.5 por ciento, al pasar de mil 265 a mil 410 después de la revisión; robo a cuentahabiente, 9.9; robo a pasajero a bordo de taxi, 9.2; robo a casa-habitación con violencia, 4.9, y por lesiones dolosas con arma de fuego, 1.5 por ciento.

Las responsabilidades penales por este caso irían desde el ex procurador general de Justicia Edmundo Garrido y el ex director de Estadística Criminal, César Martínez Jasso, quienes serían llamados a declarar, hasta el personal que laboraba en esta área en la administración anterior.

Ante indicios de la alteración de los delitos de alto impacto para dar la imagen de una ciudad segura, la PGJ realizó una prueba selectiva, detectando que 29 mil 82 expedientes fueron clasificados como delitos de bajo impacto.

Dicha situación representó una falsa reducción en los índices delictivos de alto impacto, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación para los Delitos cometidos por Servidores Públicos, con el propósito de determinar las responsabilidades en que se pudiera haber incurrido.

Mientras, el secretariado presentará una denuncia ante la FGR por delitos cometidos por servidores públicos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público.