La destitución del oficial mayor, Javier González Garza, y de la titular de la Unidad de Transparencia, Judith Vázquez Arreola, ambos del Congreso de la Ciudad de México, generó controversia y puntos de vista encontrados entre los diputados de Morena, partido mayoritario en el órgano legislativo.

Mientras el vicecoordinador de la bancada, José Luis Rodríguez, afirmó que la Junta de Coordinación Política y la Comisión Permanente sí cuentan con facultades para destituir a los titulares de las unidades administrativas, su correligionario, Eduardo Santillán, sostuvo que se extralimitaron en sus funciones.

Sin especificar una ley u ordenamiento específico que establezca las atribuciones de la Jucopo y la Comisión Permanente respecto de la remoción de este tipo de funcionarios, el legislador José Luis Rodríguez afirmó que no hay marcha atrás, pues es una decisión ya tomada. Abundó que quien opine diferente, cuenta con los mecanismos legales para su defensa.

“Fue tan correcto que lo firmé en la junta y lo voté en la Permanente.

Yo no tengo nada más qué aportar de lo que ya se dijo en esa sesión. Ahí se dijo en el pleno que había un acuerdo de pérdida de confianza.

En contraste, Eduardo Santillán consideró que el acto de remoción de los funcionarios es inconstitucional, pues, dijo, el pleno del Congreso tiene facultad de nombramiento, pero no de destitución.

Explicó que la Constitución local establece el mecanismo del juicio político como una forma de destitución de los funcionarios que no actuaron conforme a la ley; esto, con base en el artículo 65 de la Carta Magna local.

No hay facultades en la Junta de Coordinación Política para destituir a un funcionario, por lo tanto, la Jucopo se extralimitó en sus facultades, fue más allá del pleno y de la Constitución. La propia Comisión Permanente no tiene facultades de destitución, señaló.

El miércoles pasado la Jucopo ordenó la destitución de Javier González Garza y Judith Vázquez Arreola con el argumento de pérdida de confianza; ambos funcionarios advirtieron que el proceso para separarlos del cargo fue irregular, por lo que iniciaron juicios de amparo.