El Congreso tiene que derogar del Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad y cerrar la interpretación de promover la criminalización de la protesta social a que se ha prestado dicha figura, junto con la de ataques a la paz pública, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local (CDH), Nashieli Ramírez Hernández.

Si bien la supresión del tipo penal, contenido en el artículo 287 de dicha legislación, no forma parte del paquete de reformas que envió al Congreso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hay dos propuestas de diputados que consideró deben tomarse en cuenta.

Al pretender establecer sanciones más severas a las agresiones contra agentes de los cuerpos de seguridad ciudadana, Sheinbaum propuso imponer 90 días de servicios a la comunidad inconmutables, independientemente de la sanción o solución alterna que se determine en el proceso correspondiente.

Esto sería mediante una adición al artículo 289 que establece como regla común para los delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad una pena de uno a tres años de prisión adicional a la que corresponda por el tipo de delito cometido contra el policía.

La iniciativa deja intacto el artículo 287 que la Comisión de Derechos Humanos ha pedido derogar, incluso como parte de puntos recomendatorios dirigidos a la extinta Asamblea Legislativa dentro de recomendaciones que emitió entre 2013 y 2016 por casos documentados de violaciones a derechos en el contexto de protestas y manifestaciones públicas.

En esta primera Legislatura del Congreso capitalino se presentaron dos iniciativas que proponen suprimir el tipo penal, una del diputado Tonatiuh González Case, del PRI, y otra de Temístocles Villanueva Ramos, de Morena, que platean también derogar el artículo 362 de ataques a la paz pública.

Una iniciativa más es del también morenista José Luis Rodríguez Díaz de León, que también propone reformar el artículo 28, pero para que la pena adicional aumente en la mitad según el tipo de delito, en vez de una mínima y máxima de uno a tres años, así como una adición al delito de lesiones, para aumentar también la pena en la mitad cuando la víctima es agente de seguridad ciudadana.

Sin embargo, la titular de la CDH se pronunció contra el aumento de una pena punitiva y como plantea la iniciativa de Sheinbaum, se inclina por establecer trabajo comunitario, que dijo podría consistir no necesariamente en poner al responsable de la agresión a barrer las calles, sino quizá hasta con acompañar a los policías para sensibilizarlo de la función que realizan.

Agregó que esto tiene que estar acompañado por acciones que permitan reconstruir la relación de la sociedad con los policías, al cimentar la confianza y respeto que se ganarán en la medida en que la gente se sienta respaldada y protegida por ellos.