n 2003 Karina y Elizabeth murieron en la Ciudad de México cuando eran apenas adolescentes. Pero no fueron víctimas de la inseguridad capitalina, ocurrió que, por su cuenta, cada una decidió quitarse la vida, en desesperanza por no haber logrado ingresar a una preparatoria de la UNAM y a la Anexa a una Normal. Lo hicieron, además, cuando comenzaba un periodo de esperanza en la educación en la ciudad. Impulsados por las protestas universitarias de 1996, 1998 y 1999-2000 contra las cuotas y la evaluación para el acceso, los jóvenes rechazados de las principales instituciones habían conseguido que se abriera una mesa donde autoridades de la UNAM, IPN, UAM, y jóvenes rechazados podían dar una discusión. En ese momento también Andrés Manuel López Obrador creó una prepa en cada delegación y la universidad del Peje (UACM), sin colegiatura y sin examen de selección. Después de un periodo –1996-2000– sumamente conflictivo y que al final llevó al encarcelamiento y enjuiciamiento de más de mil estudiantes, esta combinación de, por un lado, impulsar que las instituciones federales en conjunto dieran soluciones a grupos específicos de rechazados y, al mismo tiempo, que el gobierno local ampliara sustancialmente el acceso a la educación superior, trajo un inusitado periodo de estabilización y crecimiento de la educación.

Suena a paradoja, pero ahora que tanto a escala federal como local gobierna la misma opción partidista,se ha oscurecido el futuro de esa convergencia. A la demanda de jóvenes rechazados de que también este año se instale la mesa de acuerdos, la SEP se niega verbalmente y por escrito descalifica el pase directo (eliminación del examen de selección) que los rechazados siempre han planteado. Esta demanda, que al inicio de los años 2000 era considerada absurda, con el paso del tiempo fue ganando posiciones. No sólo la retomaron las preparatorias y la universidad creadas en esos años en la Ciudad de México, sino que la gratuidad y libre acceso también son rasgos propios de los 100 nuevos planteles de nivel superior a escala nacional. En la UNAM desde hace seis décadas no se hace examen para los estudiantes de sus preparatorias que buscan pasar a la licenciatura y también existe libre acceso a ciertas instituciones de la SEP. Decisiones como la de la UAM (2008) –de no considerar sólo el resultado del examen para el ingreso, sino además tomar en cuenta el promedio– también muestra la relativa pérdida de confianza en estos exámenes incluso para seleccionar a los que pueden aprender. El examen de selección, sin embargo, sigue siendo uno de los más firmes baluartes de la opción neoliberal en el seno de la educación superior, es rápido, igualitario, transparente –se dice– y además produce ingresos. Pero tiene efectos profundamente discriminatorios, y por eso en agosto de 2016 (en Jalisco) el ahora presidente López Obrador decía que cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar los exámenes de admisión, eso se va a suprimir, todos van a poder estudiar y en diciembre de 2018 presentó la iniciativa de modificaciones al artículo tercero que incluía el derecho pleno a la educación en el nivel superior (y, por tanto el fin de las evaluaciones para el ingreso).

La reacción, sin embargo, fue muy fuerte. En San Lázaro, los partidos de derecha y la mayoría de diputados de Morena, convergieron y lograron hacer que este derecho fuera reservado sólo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas (artículo 3, X). Podría pensarse que esto da mayor flexibilidad para explorar alternativas, pero en su carta a los rechazados (Subsecretaria ES, Of. 500/2019-0596) la SEP se inclina por definir que el requisito fundamental son los criterios académicos en condiciones de igualdad y equidad... transparentes –los adjetivos usualmente adjudicados al examen estandarizado– y rechaza como injusto con otros candidatos, el pase directo.

Es decir, que si la intención de AMLO era el que los exámenes de selección fueran desapareciendo resultó lo contrario. No sólo porque ahora el ejercicio de un derecho queda condicionado a lo que cada institución disponga como requisito por arbitrario y contra derecho que éste sea, sino porque además, en su carta, la interpretación a que apunta la SEP es que el requisito significa examen. Y con eso, el papel socialmente restrictivo que han jugado estos exámenes quedaría ahora fortalecido como nunca antes. Hasta quienes desean ingresar a los nuevos planteles de educación superior en la CDMX deberán tomar un curso y presentar un examen (Instituto de Educación Superior, 29/5/19).

En estas circunstancias, cerrar unilateralmente por parte de la SEP un espacio de 15 años que ha servido para disminuir tensiones y acordar el ingreso de miles, no parece prudente. Sobre todo cuando las instituciones involucradas están dispuestas a escuchar y acordar.

*Profesor-investigador, UAM-X.