l pasado 18 de julio, aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente López Obrador (AMLO) declaró que la producción minera en México debe continuar, porque según él, esta actividad representa empleos y distribución de la riqueza (sic). Sin embargo, complementó su dicho señalando que no se puede destruir el medio ambiente en aras de la creación de riqueza: ...sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente, si se tratara de crecer por crecer podríamos decir ¡vamos!, ¡a seguir con las rondas petroleras!, ¡a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine!.. entonces, podríamos crecer en 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio, y ¿qué le dejamos a las nuevas generaciones?, eso es muy irresponsable... Estas declaraciones se dieron en el contexto del reclamo ciudadano de sanciones contundentes a Grupo México por los criminales y reiterados daños ambientales que ha provocado su negligencia.

La postura de AMLO en defensa del medio ambiente frente al depredador modelo extractivo minero es una señal positiva, mas no deja de contrastar con las ambigüedades jurídicas que en la materia se ha mostrado. Por un lado, el gobierno suspende el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y por otro se niega a la abrogación de la Ley Minera de 1992, la cual declaró la explotación de minerales como actividad preferente por sobre cualquier otro aprovechamiento del territorio. Se trata de una de las joyas jurídicas del neoliberalismo salinista que ha traído a México miseria, división social, violencia, muerte, desplazamientos, pérdida de soberanía y destrucción irreversible del patrimonio ambiental y cultural. Algo similar encontramos en las contradicciones de política pública: mientras las áreas responsables de la minería en la Secretaría de Economía fueron entregadas a empleados de la industria minera trasnacional, la Secretaría de Medio Ambiente ahora es dirigida por uno de los mayores defensores del territorio frente a la crisis civilizatoria que representa el neoliberalismo.

¿Por qué entonces no desterrar la ambigüedad y dar pasos definitivos hacia la protección del territorio frente a la megaminería, principalmente la de tajo a cielo abierto?, ¿por qué no ha iniciado el proceso de desmantelamiento jurídico del neoliberalismo y su postura extractivista?, ¿por qué siguen vigentes las leyes y normas que lo han hecho inatacable, profundamente injusto y peligroso para la biodiversidad?, ¿no acaso elegimos a AMLO con estas esperanzas por delante? Es fundamental insistir en ello, sobre todo ante la llegada de un nuevo 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, fecha en que los pueblos se solidarizan con las poblaciones que padecen el desgraciado arribo de ésta a sus regiones. Pero también es vital recordarle al gobierno que mientras da balbuceantes pasos para intentar detener la destrucción que la megaminería a cielo abierto provoca sobre nuestros territorios, los corporativos mineros, con los canadienses a la cabeza, dan pasos firmes en sus objetivos de fracturar, con mentiras y dinero, a las comunidades para imponerles sus fugaces e irracionales proyectos.

En cuanto a la megaminería canadiense, su arrogancia no encuentra límite. No sólo tiene pendiente responder, entre otros, por el crimen que una de sus empresas realizó en el ahora desaparecido Cerro de San Pedro Potosí, sino que mantiene la presión y el chantaje sobre muchas comunidades. Ejemplos actuales de aguda amenaza minera los encontramos en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En aquella población y su región, la canadiense Almaden Minerals lleva años dividiendo a los habitantes para imponer un megaproyecto de tajo a cielo abierto que le permita obtener el medio gramo de oro que por tonelada de subsuelo existe en la zona, en un proceso que duraría tan sólo 14 años y que dejaría como herencia perpetua más de mil hectáreas destruidas, incluyendo un enorme cráter de kilómetro y medio de diámetro y 400 metros de profundidad, además de la aparición de dos enormes montañas con más de 50 millones de toneladas de desechos contaminantes y la contaminación de millones de metros cúbicos de agua que se usarían en los procesos de beneficio del mineral.

Un panorama similar se presenta en San Antón de las Minas, municipio de Dolores-Hidalgo, donde la canadiense Argonaut Gold pretende imponer un proyecto de megaminería a cielo abierto para triturar, a punta de explosivos y en tan sólo siete años, el Cerro del Gallo y sus profundidades, lo que provocaría un ecocidio de grandes dimensiones en el territorio que vio nacer la lucha por la Independencia. Los canadienses, con sus serviles aliados mexicanos, pretenden extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo dolorense, utilizando más de mil 500 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de la Independencia, cuya cuenca hidrológica se encuentra en situación crítica.

Nada de esto tendría que estar sucediendo si la declaratoria de muerte del neoliberalismo fuese verdad. Por ello, las resistencias organizadas desde los pueblos son la única esperanza para detener esta depredación y heredar vida y dignidad a los que vienen.

*Investigador de El Colegio de San Luis.