Río De Janeiro. Al menos dos brasileños –el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol– difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. Ese domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista estadunidense Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados vía Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de acusación en la llamada operación Lava Jato. El principal objetivo de Moro es el ex presidente Lula da Silva, preso desde el 7 de abril de 2018.

En Brasil se considera que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia fue que a Lula, favorito absoluto, se le impidió ser candidato.

Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la justicia brasileña.

Primero los dos negaron cualquier irregularidad en el intercambio de mensajes. En las semanas siguientes The Intercept goteó –generalmente en los domingos y jueves– revelaciones cada vez más comprometedoras. Además, compartió el obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tiraje en Brasil.

Celebridad nacional

Ninguno de los tres medios puede ser considerado favorable a Lula y fueron grandes defensores de la Lava Jato, por lo que contribuyeron a transformar a Moro en celebridad nacional con la imagen de paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar a Greenwald y a The Intercept de recibir material confidencial de un hacker. El estadunidense, célebre por divulgar los papeles de Edward Snowden, revelando material secreto de agencias estadunidenses de inteligencia –trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer– se niega a revelar su fuente.

Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguien de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y lanzar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran que se trata de transcripciones auténticas.

Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: corroborar los mensajes de sus reporteros a integrantes de la Lava Jato y las respectivas respuestas.

Al mes siguiente de la primera filtración el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones.

Ahora no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en la acusación. En varios mensajes Moro instruye al fiscal sobre cómo actuar, incluso indicando a quién interrogar para acusar a Lula.

Actuación ilegal

Los defensores del ex presidente, que siempre acusaron Moro de parcial y de haberlo condenado sin pruebas, afirman ahora que todo lo que dijeron queda comprobado.

Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo rempiece, con otro magistrado y otros fiscales.

En medio a la crisis desatada –y alimentada cada semana por contundentes revelaciones– la figura de Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue popular, aunque haya perdido parte sustancial de respaldo popular, y depende de la protección presidencial.

Hay presión mediática para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez.

En las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país a ofensas homófobas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La policía federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia que encabeza Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido una barredura en las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que se indague al periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina por amenazas violentas contra él, Miranda y los dos hijos adoptados por la pareja.

Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene 30. Pasó a usar un auto blindado y lo acompañan guardaespaldas.

Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material de que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya ­divulgadas.