Un gran pendiente del gobierno de la ciudad en materia de planeación urbana es sancionar todos los abusos que se han hecho de los instrumentos de fomento, como la transferencia de potencialidades y los polígonos de actuación, que al ponerse a disposición de los desarrolladores sin supervisión ni seguimiento los usaron para especular con el suelo y obtener la máxima ganancia.

Al señalar lo anterior, la académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, especializada en planeación y políticas metropolitanas, Anavel Monterrubio Redonda, sugirió, sin embargo, no suprimir dichos instrumentos, sino revisarlos para que realmente beneficien a la población, a la ciudad y no sólo al interés inmobiliario.

Tras participar en una mesa de trabajo sobre ordenamiento territorial y suelo para vivienda social en el Congreso capitalino, sostuvo que dichos instrumentos no son perversos en sí mismos y son relevantes para incentivar la economía y la inversión; tienen una orientación, mecanismos de investigación y de sanción, que sin embargo no se aplicaron y fueron exitosos desde un punto de vista económico, pero con costos sociales de desigualdad insostenibles.

En tanto, el activista de Plataforma Vecinal 06600, Sergio González, exigió a los diputados locales una metodología para que los ciudadanos participen de manera directa en la elaboración de la ley de planeación.

Afirmó que el futuro de la Ciudad de México depende de la nueva legislación, de ahí su exhorto a los representantes populares para que los capitalinos tengan oportunidad de opinar sobre el desarrollo de la capital, vivienda social e incluso mecanismos para evitar desalojos arbitrarios.

Por otra parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos, informó que el desarrollo de los nueve corredores urbanos deberán realizarse conforme a la ley de planeación que continúa en discusión en el Congreso capitalino.

En entrevista, luego de participar en Diálogos de Verano, la funcionaria reportó que de los 48 juicios por irregularidades en igual número de polígonos de actuación, 23 empresas han desistido y han decidido cambiar sus desarrollos inmobiliarios y ajustarlos a la norma.