Nueva York. El régimen de Donald Trump emitió órdenes para anular efectivamente el derecho de asilo para la gran mayoría de solicitantes que intentan ingresar al país por su frontera sur e imponer de manera unilateral su política sobre refugiados a México, en una maniobra calificada de ilegal por expertos en derechos de migración que será inmediatamente impugnada ante tribunales.

La regla, presentada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia y que hoy entra en vigor, establece que migrantes que no soliciten asilo en los países por los que transitan para llegar a Estados Unidos serán inelegibles para ese derecho en Estados Unidos.

La regla ejecutiva también será aplicada a menores de edad no acompañados, y aunque está dirigida en esta coyuntura en particular a centroamericanos, es aplicable a todos aquellos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, es decir, africanos, caribeños, sudamericanos y más.

La nueva norma tiene algunas excepciones, incluyendo víctimas de tráfico humano y a quienes se les ha negado protección en otro país.

El procurador general William Barr justificó la medida afirmando que Estados Unidos es un país generoso pero que está completamente abrumado por los cientos de miles que están llegando a solicitar asilo. Agregó que la regla frenará el abuso del sistema de asilo por aquellos que sólo buscan usarlo para lograr ingresar al país.

El anuncio sobre la medida, junto con las redadas contra familias indocumentadas, argumentan observadores y opositores, es parte de la estrategia electoral de Trump, y poco tiene que ver con resolver el tema migratorio.

Abogados especializados en el tema indicaron que esperan que esta medida sea congelada ante los tribunales. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), quien ha encabezado algunas de las impugnaciones más efectivas ante los tribunales federales contra las políticas del presidente estadunidense, declaró ayer que la administración Trump está intentando revertir unilateralmente el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a aquellos (que están) huyendo del peligro. Esta nueva regla es ilegal y demandaremos (ante tribunales) rápidamente.

La disputa legal podría congelar la aplicación de la medida. Abogados insisten en que viola tanto las leyes nacionales como internacionales. Señalan que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite que todo refugiado solicite asilo al llegar a Estados Unidos, algo que también establecen las convenciones internacionales sobre el asunto, sin condicionar cómo ni por dónde llegó. Pero hay excepciones, incluyendo si llegan a través de país considerado seguro, o que tiene un acuerdo bilateral o multilateral que establece un tercer país seguro.

Tercer país seguro de facto

Las implicaciones para el país, si eso procede, podrían ser severas. Eleanor Acer, directora de Protección de Refugiados en Human Rights First, comenta a La Jornada que con esta regla el gobierno de Trump intenta imponer de manera unilateral la denominación de tercer país seguro sobre México, a pesar de que éste no cumple con los requisitos para tal calificación, y menos otros como Guatemala.

Charanya Krishnaswami, directora de Abogacía para las Américas de Amnistía Internacional, agregó que aunque México ha reiterado su oposición a formar un acuerdo de tercer país seguro, con el programa de Protocolos de Protección de Migrantes, o permanece en México, Estados Unidos está enviando al país vecino unos 20 mil solicitantes de asilo para esperar que sus casos sean atendidos por las autoridades estadunidenses, algo que se prolonga por meses y hasta años (los tribunales tienen registrados casi un millón de casos sin resolver). Eso es, en los hechos, un intento de meter por la puerta trasera lo que sería un acuerdo de tercer país seguro, comentó.

El gobierno de Trump ha intentado negociar durante meses un acuerdo para obligar a refugiados de otros países que proceden por tierra hacia la frontera estadunidense a solicitar primero asilo en México en lo que se llama un acuerdo de tercer país seguro (existe uno entre Estados Unidos y Canadá). Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha rechazado pública y tajantemente tal acuerdo, aun durante las intensas negociaciones bilaterales sobre migración bajo amenaza de aranceles hace unas semanas.

El gobierno de Trump también estaba por firmar un acuerdo de tercer país seguro con Guatemala durante una visita oficial del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, programada para este lunes, la cual fue cancelada a último momento por el centroamericano ante la masiva oposición política en su país a esa iniciativa (ahora jura que nunca estuvo sobre la mesa).

Mientras tanto, persiste la amenaza de las redadas prometidas a lo largo del país para expulsar a familias inmigrantes indocumentadas, pero aún no hay informes de acciones mayores. Pero como señala Frank Sharry, de America’s Voice, la meta suprema del operativo era y es provocar temor y titulares. Recordó que todas estas maniobras antimigrantes son parte de la estrategia electoral de Trump de “nutrir el odio al otro… el latido del corazón del trumpismo siempre ha sido el racismo y la xenofobia”.

David Leopold, ex presidente de la Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración, comentó ayer que espera que los tribunales le recuerden al presidente que no es un dictador con el poder de descartar la ley de asilo estadunidense por decreto. ¿Qué sigue? ¿Trump despachará a agentes de ICE (migración) a Nueva York para quitarle la antorcha a la Estatua de la Libertad y arrestarla por estar en el puerto sin papeles?