Han sido varios los estados que en los últimos meses han registrado la muerte violenta, derivada de la incidencia delictiva, de miembros de sus respectivas comunidades universitarias, públicas y privadas. Aquí, algunos de ellos:

Leonardo Avendaño Chávez, de la Universidad Intercontinental; asesinado el 12 de junio, en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Norberto Ronquillo Hernández, de la Universidad del Pedregal, secuestrado el 4 de junio y localizado sin vida seis días después, en la alcaldía de Xochimilco, CDMX.

Ambar Dolores Vásquez, de la Universidad Vizcaya de las Américas, asesinada y calcinada, el 30 de mayo, en Saltillo, Coahuila.

Alexis Yahel Torres Castillo, de la UNAM, asesinado a balazos, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Mocel Arce Allende, de la Universidad Autónoma de Guerrero, baleado el 30 de mayo, frente a la Casa del Estudiante, en ­Chilpancingo.

Yuleth Espinoza Cabanilla, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desaparecida el 13 de mayo y localizada sin vida el 4 de junio.

Mariana Leticia Valladares, de la Universidad Autónoma de Morelos, asesinada el 10 de mayo, en la carretera Cuernavaca-Acapulco.

Aideé Mendoza Jerónimo, del plantel oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades (UNAM), asesinada el 29 de abril, por una bala perdida en el interior del salón de clases.

Paola Guerrero Meléndez, de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, desaparecida el 10 de marzo y encontrado su cuerpo decapitado una semana después.

Vanessa Ruiz Guzmán, de la Universidad Autónoma del Estado de México, violada y asesinada el 2 de febrero, en el municipio de Ozumba.