Aunque la hoy extinta Procuraduría General de la República canceló el programa de testigos protegidos en la mayoría de los casos por no resultar de utilidad para los procesos penales o bien porque ya no aportaron información eficaz para la investigación y persecución de miembros de la delincuencia organizada, el Ministerio Público Federal mantiene en curso más de 400 procesos penales en los que los jueces siguen citando a quienes durante más de ocho años sirvieron para sustentar imputaciones contra integrantes de distintos cárteles de las drogas.

Lo anterior, a pesar que documentos oficiales refieren que de 50 testigos protegidos, de más de 15 no se tiene información para localizarlos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) emitió un oficio, firmado por Domingo Correa Jiménez, a jueces federales en el que detalla la situación de cada uno de los que integraron el grupo de testigos protegidos por los que la hoy Fiscalía General de la República. (FGR) destinó más de 250 millones de pesos para su manutención, protección y pagos por sus servicios para integrar las acusaciones penales.

Los argumentos que el Ministerio Público ha mencionado para dar de baja, por ejemplo, a la testigo con clave Adriana, fue que han cesado las circunstancias que motivaron su ingreso por contar con nula participación en averiguaciones previas y procesos penales, aunque de acuerdo con funcionarios federales el testigo continúa siendo citado en procesos penales instruidos en contra de al menos dos miembros de grupos delictivos que operan en la zona del Pacífico.

Asimismo, oficialmente hay otros testigos, como en el caso de la persona con clave Renata que fue suspendida del programa de protección, bajo la siguiente argumentación ya no es de utilidad la colaboración del testigo.

En el caso del deponente con clave Hugo, se menciona que ya no resultó de utilidad para los procesos penales en los cuales realizó imputaciones contra miembros de la delincuencia organizada, procesos que ya han sido concluidos; el mismo declarante solicitó su baja del programa de testigos colaboradores de esta institución, por lo que el 6 de noviembre de 2013 se acordó su baja.

Respecto de la persona con clave Howard la autoridad ministerial acordó la separación debido a que cesaron las circunstancias que motivaron su ingreso y por su nula participación en las averiguaciones previas y procesos penales.

Entre los casos de testigos en los que la autoridad no cuenta con información respeto de su localización, se encuentran Angélica, Fernando, Guadalupe, María Fernanda, David, Felipe, Jennifer y Milán.

En los documentos oficiales también se da cuenta del fallecimiento de personas a las que se les asignaron los nombres clave de Cinderela, Karen, sin precisar las circunstancias en que perdieron la vida.