Juan Collado Mocelo renunció a su cargo como presidente del consejo de administración de Libertad Servicios Financieros, una sociedad financiera popular (Sofipo) con matriz en Querétaro, luego que fuera detenido el martes por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que han hecho observaciones respecto de la operación de la Sofipo, pero ninguna de ellas pone en riesgo la solvencia financiera de la entidad.

Hugo Morales García, director general de Libertad Servicios Financieros, anunció que la institución no ha sido afectada ni vulnerada en ningún sentido luego de la detención de Collado Mocelo.

Una Sofipo es regulada para operar por la CNBV y tiene como fin administrar el ahorro de los asociados que guardan ahí su capital, encargarse de otorgar rendimientos, así como prestar u otorgar créditos.

Caja Libertad o Libertad Servicios Financieros se creó hace 59 años con el propósito de crear una alternativa a la población ante los altos intereses por un préstamo. El 5 de junio de 1960 fue fundada la caja popular por iniciativa de algunos sacerdotes.

Ofrece servicios como tarjetas de débito y cuentas de ahorro y dépositos, y asegura dar rendimientos de hasta 10 por ciento. También brinda créditos para personas y empresas (en este caso desde 20 mil hasta 35 mil pesos), o servicio de préstamos por la vía del empeño de joyas.

En la diligencia de Juan Collado, se difundieron nombres de empresarios que pueden estar involucrados en el caso.

Rodrigo Isaac Rodríguez Gálvez fue director general de Fimpe, firma encargada que otorgó servicios financieros a la Sofipo, tales como alternativas de medios de pago. La empresa confirmó que desde hace 5 años ya no trabaja ahí.

Otra acusación es que Collado Mocelo compró un terreno para la creación de una empresa fantasma. La persona que vendió el terreno es Tania Patricia García Ortega, quien fue cabeza de Operadora de Inmuebles del Centro.

Libertad Servicios Financieros se encuentra bajo la mira de las autoridades desde hace 15 años, por su probable relación en actividades ilícitas.

En febrero de 2014 reaparecieron indagaciones contra la institución financiera, cuando se conoció que el ex director de la organización, Martín Díaz Álvarez, era al mismo tiempo accionista de la empresa Oceanografía, vinculada con presuntos actos de corrupción.

Esa firma es propietaria del equipo de futbol Gallos Blancos.

Los casos de la posible relación entre la empresa Oceanografía y Caja Libertad, así como la extinción de la cooperativa, giran en torno a Martín Díaz Álvarez.

A finales del 2012 buscó un cambio de esquema, en el que se acabara la cooperativa y los socios dejarían de ser parte de la empresa. La CNBV aceptó la extinción de la caja popular en 2013, para dar paso a Libertad Servicios Financieros. José Antonio Rico Rico se convirtió en vicepresidente.

Al cierre del primer trimestre de 2019, la empresa reportó un resultado neto negativo de 44 millones de pesos.