a dimisión de Carlos Urzúa a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dada a conocer ayer en la mañana, y su casi inmediato remplazo por Arturo Herrera Gutiérrez, quien se desempeñaba de subsecretario de Ingresos en esa dependencia, causó sorpresa y desconcierto en la opinión pública, pero contra lo que habría podido temerse la turbulencia provocada en los mercados bursátil y cambiario por el primero de esos hechos fue menor y pasajera.

En su renuncia, divulgada en Twitter, Urzúa se quedó a medio camino entre la discreción y la denuncia al exponer los motivos de su resolución: afirmó que ésta se debía a la adopción de decisiones de política públi-ca sin el suficiente sustento y a la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, motivada por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés; asimismo, el ex funcionario escribió que la realización de la política económica no ha estado exenta de extremismo. En aras de la transparencia sería deseable que las alusiones referidas fueran ampliadas y precisadas en los próximos días por el dimitente, no por un afán de alentar la confrontación, sino para esclarecer la diferencia de posturas en materia de política económica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Urzúa, en el contexto del debate público que, para bien o para mal, ha sido uno de los sellos distintivos del actual gobierno. De esta manera se contribuiría a la comprensión social de determinaciones y tendencias de la administración que han causado azoro y desconcierto en la sociedad.

No se puede escatimar la relevancia de los desencuentros referidos, sobre todo si se considera que en cualquier gobierno el manejo de la hacienda pública es un asunto de máximo interés general y en el actual ese principio general se ha acentuado como nunca antes, en la medida en que la SHCP adquirió un protagonismo sin precedente en tanto que es responsable de la reorientación del presupuesto, protagonista de la aplicación de los lineamientos de austeridad y encargada de la distribución directa de ingentes recursos de los programas de bienestar.

Con esas consideraciones en mente, es claro que las contradicciones que se desarrollaron entre Urzúa y el resto del equipo de gobierno –que tienen como fondo concepciones distintas de los alcances de la Cuarta Transformación– adquieren una dimensión eminentemente política y revisten, por ello, un indudable interés público.

Es de reconocer que, con todo y disensos, Urzúa logró mantener la estabilidad en los indicadores macroeconómicos en los primeros siete meses de este sexenio. Cabe esperar que su sucesor en el cargo tenga más éxito en armonizar esa estabilidad con los objetivos prioritarios de la Presidencia en materias de austeridad, combate a la corrupción y superación de la pobreza, y logre destrabar los cuellos de botella en el ejercicio del presupuesto.