El gobierno federal propuso de manera formal a los policías inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional (GN) que su adscripción a la nueva corporación será opcional, también la aceptación de liquidaciones y que se dará la posibilidad de que mientras concluye la transferencia de este cuerpo a la GN –proceso que durará 18 meses–, podrán solicitar su adscripción a las divisiones científica, inteligencia e investigación.

Los representantes de los agentes inconformes aceptaron que el gobierno federal instale centros de información en los que se darán detalles de las funciones que desarrollarán y las percepciones que recibirán quienes quieran pasar a otras instituciones.

De igual manera se brindará información relacionada con los tabuladores de sueldo que serán la base para quienes deseen su liquidación.

Las negociaciones seguirán su curso, aunque aún no se llega a ningún acuerdo en torno a que los compromisos gubernamentales se plasmen en un documento y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, sobre todo en cuanto al respeto a sus actuales niveles salariales y prestaciones en la Policía Federal, y tampoco han logrado que se flexibilicen los requisitos para ingresar a la GN.

Ayer se informó que la organización Civiles Uniformados suma 4 mil elementos de las divisiones de la Policía Federal como solicitantes de amparo, para que se garantice que el gobierno federal respete sus derechos y prestaciones laborales así como sus niveles de mando.

En las protestas de ayer en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa participaron menos de 700 agentes, que se involucraron en la toma de decisiones en torno a las propuestas para resolver el conflicto iniciado el miércoles, cuando más de 3 mil elementos se manifestaron y lograron suspender actividades en diversas oficinas de la corporación.

De manera paralela a las negociaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instaló 38 módulos de atención, uno en cada edificio de la PF en todo el país, para resolver las dudas que tuvieran los elementos sobre su ingreso a la GN, lo que ocurrirá con sus prestaciones y las posibilidades de solicitar su cambio a otra institución.

Ayer, como el jueves, disminuyó el número de elementos en la protesta, pero esta vez lograron superar la división y aunque se mantienen las diferencias en cuanto intereses, pues unos quieren un trabajo digno, en el que se respeten los derechos laborales y se les pague el llamado bono de operatividad, otros quieren liquidación inmediata.

No contundente

A las 15 horas, parecía que autoridades y policías inconformes establecían los primeros acuerdos: así lo dijo uno de los voceros del movimiento y señaló que ya se les estaba dando cumplimiento, pero cuando fue cuestionado por unos 200 agentes si ya los habían aprobado en la reunión en la que participó el subsecretario Ricardo Mejía, reculó y dijo que no, que eran propuestas y que debían aprobarlas los participantes en las protestas. La respuesta fue un no contundente y ordenaron a sus comisionados que regresaran a la mesa de diálogo, para que trataran de obtener un acuerdo que les permitiera ser liquidados, recibir una compensación por los servicios prestados y la oportunidad de ser contratados en otra institución.

Mandataron a los representantes policiales a que buscaran un convenio para que quienes se pasen a la GN tengan el mismo salario y prestaciones que en la PF, que no se presenten casos de diacriminación y que puedan, si así quieren, no ser transferidos de manera inmediata a la nueva corporación.

Ayer se sumó como asesor de los policías federales el abogado Ricardo Carpizo –sobrino del ex rector de la UNAM Jorge Carpizo–, quien dijo que asistirá a los inconformes a título personal y no en su calidad de presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos.

Por otra parte, aunque las autoridades han señalado que no habrá represalias contra los policías que se han opuesto a integrarse a la GN, ayer se dio a conocer un oficio a través del cual la Unidad de Asuntos Internos de la PF solicita a los mandos de esa corporación que informen los nombres de los participantes en las protestas para iniciar procedimientos administrativos.

La representación policial informó que por instrucciones del subsecretario Ricardo Mejía, la Unidad de Asuntos Internos canceló los efectos del oficio en que se daba a conocer el inicio de procedimientos administrativos contra los agentes que han participado en las protestas.