ace exactamente dos meses, el seis de mayo, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que en este plazo la dependencia a su cargo judicializaría el expediente abierto contra el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por su participación en el caso Odebrecht.
La palabra del fiscal se cumplió ayer, con el anuncio de que la fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra el ex funcionario, tres de sus familiares y una empresaria inmobiliaria por el manejo de recursos de procedencia ilícita –presuntamente provenientes de pagos que la constructora brasileña habría hecho durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto a cambio de futuros favores cuando éste llegara a la Presidencia.
El caso de Lozoya –quien ya se encuentra prófugo de la justicia para evadir la orden de arresto derivada de la investigación del desfalco a Pemex cometido en la compra de la empresa Agronitrogenados– es una de las muestras más contundentes del nivel de podredumbre alcanzado por la administración pública durante el sexenio anterior. Primero, por la participación de familiares cercanos del funcionario (su madre, su esposa y su hermana) en la trama de lavado de dinero con los recursos obtenidos mediante sobornos, lo cual es indicativo de la formación de toda una red de beneficiarios del quebranto contra el Estado.
Pero también, y de manera acaso más grave, por lo que no puede ser sino complicidad o total ineptitud desplegadas por las instancias encargadas de investigar y sancionar las conductas ilícitas de los funcionarios. En este sentido, cabe recordar que la entonces Procuraduría General de la República tuvo en sus manos el expediente de Lozoya durante casi dos años, de enero de 2017 a noviembre de 2018, durante los cuales la investigación sufrió una injustificable parálisis, particularmente agraviante porque en este periodo otros países latinoamericanos afectados por las prácticas corruptas de Odebrecht juzgaron y sancionaron de manera expedita a poderosos políticos y funcionarios.
Cabe esperar que las órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin concluyan con su comparecencia ante la justicia, la celebración de un juicio impecable en todos sus aspectos jurídicos y la eventual sanción o deslinde de responsabilidades, no sólo para resarcir el daño causado a la nación por el comportamiento de los servidores públicos del pasado reciente, sino, y ante todo, para enviar una señal inequívoca de que tales actos no serán tolerados en lo sucesivo.
