Cuernavaca, Mor., El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, informó que se emitió una alerta para localizar a Beatriz Vicera Alatriste, ex diputada del PRD y ex presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, quien está acusada de peculado.

Vicera Alatriste se encuentra sustraída de la acción de la justicia; en estos momentos estamos emitiendo alerta migratoria y estamos tramitando la ficha roja, declaró el funcionario estatal.

Dijo que la madrugada del viernes se realizaron dos cateos a dos domicilios de la perredista para hacer efectiva una orden de arresto que se giró el 4 de julio, pero no hallaron a Vicera Alatriste. Dijo que también está acusada de peculado la ex diputada del PRD y ex presidenta de la mesa directiva, Hortensia Figueroa Peralta.

El diputado local del Partido Encuentro Social (PES) y presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Sotelo Martínez, explicó que en noviembre de 2018 integrantes de la 54 Legislatura (2018-2021) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra sus antecesores que encabezaron Figueroa Peralta y Vicera Alatriste por ejercicio indebido del servicio público y desvió de recursos.

Millonario quebranto

Denunció que los ex legisladores dejaron un millonario quebranto financiero en el congreso local, pues se autovendieron 32 automóviles a precios muy bajos, descontaron cuotas a trabajadores sin pagarlas a las instituciones correspondientes, se asignaron cheques de forma irregular en los últimos días de su administración y desaparecieron software y documentación oficial contable para ocultar los presuntos desvíos.

Según diputados de la 54 Legislatura, un mes después de las elecciones del 1º de julio de 2018, en las que el PRD perdió la gubernatura y la mayoría en el Congreso local, y días antes de que terminara la 53 Legislatura, 15 de 30 diputados se firmaron 46 cheques por un total de 9 millones 856 mil 787 pesos. Esta asignación se realizó el 30 de julio y 17, 22 y 29 de agosto y está consignada en una denuncia que presentaron los diputados de la 54 Legislatura ante la FGE el pasado 16 de octubre.