l México neoliberal fue un paraíso para los barones autóctonos y el gran capital trasnacional. Seis gobiernos a su servicio les construyeron un país para que se sirvieran a plenitud y le sacaran las tripas con negocios a modo, trajes a la medida, a cargo del erario y del desarrollo nacionales. Todo les dieron, todo les cedieron, todo les rescataron, y los negocios privados fallidos o finalmente inconvenientes para ese selecto grupo se facturaron a las arcas públicas.

Dicho concepto se vendió no solo como un exitosísimo modelo, sino como una muestra inequívoca de la plena confianza en el gobierno en turno y, obvio es, en el señor Presidente de la República. El costo está a la vista, pero los barones y el gran capital trasnacional se aferran a la fórmula, se retuercen y alegan compromisos contractuales que deben cumplirse, por mucho que estos sean ostentosamente leoninos.

Ejemplos sobran. Allí está el Fobaproa que sin más facturó más de un billón de pesos a los mexicanos por un rescate que a la banca privada que opera en el país le ha generado utilidades netas superiores a ese monto de ensueño, y sumando, sólo para que los jodidos de este país aún deban pagar otro billón de pesos.

Ingenios azucareros, satélites, fertilizantes, energía eléctrica, gas, petroquímica, petróleo y una interminable relación de empresas y sectores económicos otrora dominados por el Estado que pasaron a manos privadas y que tarde que temprano fueron rescatados o apalancados por el erario. Total, para ellos siempre habrá dinero público.

Deshacer ese modelo llevará tiempo y provocará no pocos enfrentamientos entre quienes están obligados a rescatar al país y aquellos que de él hicieron su negocio privado, y éstos buscarán desestabilizar por todas las vías para quedarse con lo que, suponen, es suyo.

En este contexto, uno de los negocios más lucrativos, que no el único, para el capital privado y más infames para los mexicanos fue el que tempranamente denunció la nueva administración. Se trata de los modernos gasoductos que supuestamente construirían empresas autóctonas y trasnacionales como Carso, IEnova y TransCanadá y que siguen en suspenso, lo que no evita que de las arcas públicas sigan fluyendo miles de millones para cumplir con los compromisos contractuales acordados entre dichos consorcios y gobiernos anteriores.

Como se comentó en este espacio, a mediados de febrero pasado el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, explicó: actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y TransCanadá que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la comisión a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas. La CFE lleva pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así pagándose hasta llegar a 70 mil millones. De continuarse esos contratos, la comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes.

Empresas ganadoras de licitaciones a modo, con negocios a modo y coimas a modo, todo en contra de los intereses de la nación. Bien lo dijo el presidente López Obrador: “les dieron contratos para hacer los gasoductos a 20 años. Si un gasoducto costaba mil millones de dólares, terminábamos pagando 8 mil millones de dólares; si se interrumpía la construcción, teníamos que pagar multas; si lo paraban los yaquis, teníamos que pagarles. Al final de la obra, el gasoducto no pasa a ser parte de la CFE. El dueño es el que construye. Es increíble. Dicen: ‘vamos así a atraer inversión’. Sí, pero no podemos permitir eso”.

Y todavía algunos defienden la legalidad, en el entendido, según ellos, de que lo legal es saquear al país.

Las rebanadas del pastel

Solo falta que el cínico de Felipe Calderón sea el abogado defensor de los trabajadores de Luz y Fuerza.

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