l movimiento de protesta iniciado el miércoles por elementos de la Policía Federal ha cobrado un cariz preocupante debido a la negativa de los inconformes a las instancias de negociación ofrecidas por el gobierno federal, a actos de violencia como el perpetrado contra la coordinadora de la institución, Patricia Trujillo, cuando se presentó a dialogar con sus ex compañeros y, sobre todo, tras revelarse la presencia de agentes ajenos a la corporación como inspiradores, instigadores u organizadores del intento de amotinamiento.

Aunque las protestas se han desplegado con el pretexto de la defensa de los derechos laborales que supuestamente se verían lesionados con la extinción de la Policía Federal (PF) y el paso (voluntario, como han remarcado las autoridades) de sus integrantes a la Guardia Nacional (GN), dicha motivación se ha desnaturalizado aceleradamente.

Lo anterior puede afirmarse no sólo por las garantías verbales y la disposición al diálogo expresadas por el Presidente de la República y por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, sino porque las leyes que dan vida a la GN afirman de manera expresa el completo respeto a esos derechos. Por ejemplo, se ha insistido en sostener mentiras abiertas como la especie de que la Ley de la Guardia Nacional omite lo que habrá de suceder con los grados y la antigüedad de los policías, cuando la reforma constitucional en la materia establece que los elementos de las fuerzas armadas que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.

De bulos como el referido se pasó a actos de abierto chantaje, como las declaraciones del defensor de un sector de los inconformes, Ignacio Benavente Torres, quien inquirió: ¿a dónde creen que van a ir, si no saben hacer otra cosa más que estar entrenados para una acción mortal? Todos ellos, sin excepción, es muy posible que cambien de bando.

En nada ayuda a la solución de este conflicto la supuesta implicación del ex presidente Felipe Calderón en la protesta. Menos aún, el zipizape declarativo sobre su real o supuesto protagonismo en el problema.

En la mañana de ayer, un grupo de los uniformados inconformes solicitó que éste fungiera como su representante sindical. Sin embargo, otros policías se deslindaron claramente de la petición. El ex mandatario negó los hechos, aunque externó su simpatía con los insubordinados y el conjunto de las fuerzas armadas. Para hacer más confuso aún el panorama, temprano en la mañana Alfonso Durazo señaló que la movilización estaba siendo instigada por el michoacano. Pero, horas después, atemperó sus señalamientos y precisó que él nunca había puesto el nombre del ex mandatario sobre la mesa y que sólo se refirió a la mención de uno de los inconformes de que fuera su representante.

Han pasado más de seis años desde que el ex mandatario dejó Los Pinos. En este tiempo, muchos mandos de la Policía Federal han cambiado.

La misma fuerza política de Felipe Calderón se ha desinflado aceleradamente, al punto de que no pudo ganar la dirección del Partido Acción Nacional y ni siquiera influir de manera relevante en el nombramiento de sus candidatos a puestos de elección popular. Suponer que, en esas condiciones, conserva poder para instigar un movimiento de esta magnitu, es a todas luces desproporcionado.

Eso no significa que la simpatía que el jefe de Estado mostró con elementos insubordinados de la corporación armada sea una buena señal. La Policía Federal experimentó durante su sexenio alarmantes niveles de corrupción y desnaturalización.

Los guiños de Calderón aparecen así como una muestra de apoyo no sólo a los elementos insubordinados de la institución sino a las inadmisibles prácticas que han caracterizado a la corporación.