Sociedad y Justicia
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Restructurarán los 27 centros públicos de investigación de Conacyt
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de julio de 2019, p. 32

Los 27 centros públicos de investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tienen proyectos y científicos de clase mundial, pero la falta de articulación generó que sus capacidades estén atomizadas.

Hay duplicidad de investigaciones y de laboratorios. Tenemos los mismos equipos altamente especializados en más de un centro, cuando se pudo potenciar el uso de infraestructura, afirma Alejandro Díaz, director adjunto de los CPI-Conacyt.

En entrevista con La Jornada, explicó que este primer año de gestión se hará la restructuración normativa y administrativa de todos los centros que, entre múltiples diferencias operativas, administrativas y de gestión, están organizados como asociaciones o sociedades civiles, organismos descentralizados e incluso, como sociedades anónimas de capital variable.

“La idea es articular estos 27 centros –que abarcan campos de ciencias exactas y sociales– para crear un sistema que tenga impacto en el desarrollo del país. Si sumamos todas las capacidades, además de un gran nivel de ciencia de frontera, también podríamos atender los grandes problemas nacionales prioritarios. El objetivo del Conacyt es fortalecer a los centros, que sus comunidades participen más en la toma de decisiones y dar mantenimiento y uso a equipo de muy alto nivel el cual no tiene la debida atención”, agrega el funcionario.

Los centros, donde laboran 4 mil 895 investigadores y técnicos, siempre han intentado articularse sin alcanzar un éxito total porque no se han atendido de fondo sus problemas sustantivos, como la desorganización administrativa, pues muchos enfrentan déficits presupuestales. El caso más grave, dijo, es de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, que a diciembre de 2018 arrastraba deudas por mil millones de pesos por falta de pago de impuestos y a proveedores.

En otros centros hay presión en el gasto por prestaciones no reconocidas ni registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al no estar en su presupuesto, se paga con sus recursos propios, pero cuando no es así, se inicia la presión en el gasto.

Sobre austeridad

Agregó que el gobierno federal busca austeridad en el gasto administrativo y superfluo, pero no en las actividades centrales, y mucho menos en las científicas. Desde enero pasado se solicitó a todos los directores una revisión del gasto administrativo, aunque hasta la fecha, reconoce, 10 centros aún no han entregado este ejercicio; no obstante, “esperamos que sea en breve, porque lo que debe quedar muy claro es que no se va a bajar el swicht para que deje de operar ningún laboratorio o centro”.

En relación con las quejas de comunidades científicas de diversos centros de investigación, a quienes denunciaron que tras el memorándum del pasado 3 de mayo –sobre nuevas medidas de austeridad– se les solicitó dejar de usar la red eléctrica de sus centros, para cargar computadoras portátiles y teléfonos celulares, indicó que esa partida nunca se restringió.

Hay déficits que se arrastran desde hace muchos años. En 2018 se les dio una ampliación presupuestal de 177 millones de pesos y este año seguimos en negociaciones con Hacienda para que, en caso de ser necesario, se les pueda dar apoyo adicional, pero con la idea de que debe ser el último año.

Díaz enfatiza que uno de los primeros datos que arrojó el diagnóstico de los 27 CPI-Conacyt fue que se debía aplicar un reordenamiento de sus partidas presupuestales, pues en el caso de la gasolina lo que se limitó en mayo es el combustible para uso de actividades administrativas, pero en muchos centros esa partida también se usa para actividades de campo, mover maquinaria o barcos, por eso se vieron afectados, aunque hay otra partida para esas actividades.

Tras considerar que hay agentes que se encargan de distorsionar la información en las comunidades de los CPI, subraya que se busca un diálogo directo con las comunidades, pues otro tema que se debe discutir es la mejora de los salarios, que han quedado rezagados frente a los de las universidades, pero también su sistema de estímulos.

Sin embargo, a veces también tenemos excesos. Hay centros donde los seis directores tienen garantizado de por vida el nivel máximo de estímulos, además de su sueldo y su nivel del Sistema Nacional de Investigadores, lo que genera una presión de gasto para el centro; en otros, los estímulos son razonables, pero lo que buscamos es reducir el rezago salarial y que sean un mecanismo que impulse una mayor productividad, y no un complemento del salario, como ocurre ahora.