En 22 años la inflación absorbió más de la mitad de los rendimientos de los ahorros de los trabajadores. Las ganancias del sistema de pensiones se ubican en 11.03 por ciento en términos nominales y 5.19 una vez descontado el incremento de precios, informó ayer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esto, desde que en 1997 se cambió el sistema de reparto por la cuenta individual. Antes, los trabajadores que cotizaban recibían una pensión financiada por los trabajadores en activo y el Estado. Ahora, la administración de esos recursos está en manos privadas y depende de los rendimientos que éstas generen en los mercados de valores.

Así, datos de la Consar consignan que al cierre de mayo de 2019 el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumula 3.61 billones de pesos de ahorro pensionario, cifra que representa 15.1 por ciento del producto interno bruto del país.

La dependencia, que celebra el 22 aniversario del esquema de administración privada en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, subrayó: El cambio de modelo pensionario (...) trajo beneficios tangibles en distintos rubros, al ser motor del ahorro interno y del crecimiento de la inversión en México.

Todo ello también está acompañado por pendientes, expuso la dependencia. Entre ellos, reformar el esquema para elevar los niveles de ahorro obligatorio e incorporar a los trabajadores informales. Esto, en una economía en la que seis de cada 10 personas laboran en la informalidad y 97 por ciento de ellas ganan menos de 11 mil pesos al mes.

A la par, la Consar sostuvo que se debe continuar con la tendencia descendente de las comisiones que cobran las administradoras de ahorro –actualmente en 0.98 por ciento–, ampliar el régimen de inversión, diversificar el portafolios de inversión e interconectar el SAR con el programa no contributivo (la pensión de adultos mayores, que es pilar de la política social del actual gobierno).

Sobre el esquema de inversión, actualmente está congelada en el Congreso de la Unión una iniciativa para ampliar los rubros en que se puede invertir el dinero de los trabajadores. Actualmente las administradoras están acotadas por la ley, pero pueden invertir en proyectos de infraestructura como capital privado, tal como sucedió con el fallido aeropuerto de Texcoco.

En ese contexto, un informe de la Organización Internacional del Trabajo destaca que 18 de los 30 países que privatizaron sus esquemas entre 1981 y 2014 –México lo hizo en 1997–, el año pasado revisaron sus reformas y revirtieron, total o parcialmente, la medida.

Tal escenario no es viable, opina Federico Rubli, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Si bien se debe reformar el sistema con adecuaciones necesarias y algunas radicales, en este momento es prácticamente imposible atarlo a la administración pública por el acotado margen fiscal que rige en esta administración.