En lo que va del administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal ha tomado medidas para enfrentar la virtual quiebra financiera de una decena de universidades públicas estatales, aunque aún no se ha resuelto este problema, que se originó hace décadas y según los rectores es herencia de gobiernos pasados.

El gobierno federal entregó en diciembre 2 mil 309 millones de pesos a ocho universidades en crisis financiera, lo que les permitió solventar pagos de nómina y prestaciones de fin de año. A cambio, las instituciones se comprometieron a emprender en 2019 reformas estructurales para atacar las causas de sus problemas de liquidez. Sin embargo, varias de estas universidades se han quedado de nuevo sin recursos para los gastos de fin de año.

Los déficits financieros en algunas instituciones públicas estatales son producto de problemas estructurales, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), y se relacionan con nóminas no reconocidas y sistemas de pensiones, así como con malas decisiones de las administraciones escolares.

De acuerdo con el portal de rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las universidades a las que se les otorgaron recursos extraordinarios son las autónomas de Sinaloa (304 millones de pesos), de Nayarit (166 millones), de Zacatecas (250 millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH, con 500 millones).

Asimismo, las autónomas del Estado de Morelos (408 millones), del Estado de México (250 millones), la Benito Juárez de Oaxaca (51 millones) y la Juárez Autónoma de Tabasco (380 millones). La Autónoma de Chiapas resolvió el pago de aguinaldos y otras prestaciones con recursos extraordinarios entregados por el gobierno estatal.

En los convenios firmados por estas instituciones educativas –que en conjunto atienden a alrededor de 470 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado– y el gobierno se enfatiza que se trata de recursos no regularizables, es decir, que fueron apoyos otorgados por una única ocasión y no son susceptibles de presupuestarse en ejercicios fiscales posteriores.

A cambio de la ayuda, las universidades se comprometieron sanear sus finanzas y a aplicar un plan para atacar las causas de sus problemas financieros. En los acuerdos se estipula que a partir de 2019 se concretará la reforma estructural necesaria en cada universidad para hacer frente a las causas de su quiebra.

De acuerdo con los convenios, el diagnóstico de la SEP es que algunas universidades públicas estatales han acumulado un déficit financiero considerable, lo que pone en riesgo la continuidad en la prestación de sus servicios educativos.

El rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas Navarro, informó que su institución, que tiene un déficit de 996 millones de pesos, sólo cuenta con recursos para pagar salarios hasta la primera quincena de octubre.

En reuniones con los representantes sindicales de la universidad michoacana, Cárdenas Navarro ha manifestado que los acuerdos con el gobierno federal plantean la necesidad de analizar y fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, ha indicado que los derechos de los jubilados y las personas que tienen 25 años o más de servicio en la universidad no son sujetos de análisis y se quedarán como están actualmente, según información de la institución.

En la asamblea general de la Anuies celebrada la semana pasada en Hidalgo, en la que participó el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, el secretario ejecutivo de la asociación, Jaime Valls Esponda, habló del compromiso de la subsecretaría que lleva a cabo un análisis detallado de apoyo financiero para avanzar en los problemas que enfrentan las universidades y agregó que la SEP realiza gestiones ante la Secretaría de Hacienda para atender el compromiso salarial de las casas de estudio, ya que son recursos fundamentales para el cierre del ejercicio fiscal.