La trata de personas es un delito que continúa en la impunidad de forma casi total en México, en gran medida por la falta de coordinación de los organismos encargados de combatirla, así como de la carencia de información certera para diseñar políticas públicas adecuadas, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la primera entrega de informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, el ente revisor del gasto público dio a conocer algunas de las principales fallas en las dependencias obligadas a luchar contra la trata, entre las que figuran la Secretaría de Gobernación (SG), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

De acuerdo con los resultados de la auditoría 302-DS, en la Comisión Intersecretarial donde colaboran los organismos antes mencionados, la SG fungió como presidente y evaluador, lo que limitó su participación objetiva e imparcial, además de que cuatro de los cinco grupos de trabajo del mecanismo no sesionaron en 2018.

Por otro lado, no se contó con información suficiente para conocer el cumplimiento de 72 por ciento de los 163 acuerdos establecidos, en tanto que 27 por ciento de ellos se refieren únicamente a temas administrativos.

Además de lo anterior, señaló la ASF, existe una inadecuada coordinación con los gobiernos estatales, lo que ocasionó que ninguna de las 32 entidades federativas dispusieran de los 10 mecanismos para asegurar la eficaz atención del delito de trata de personas.

En otro apartado, el organismo fiscalizador documentó que, a seis años de la publicación de la nueva ley en la materia, la SG no implementó el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas.

Un ejemplo más del funcionamiento erróneo de las instituciones fue que la CEAV no ha concluido la implementación y homologación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, lo que ha generado que a escala nacional aún no se disponga de un esquema único para brindar atención integral y evitar la revictimización de quienes han sufrido algún delito o violación de derechos humanos.

Por lo que se refiere a la procuración de justicia, la ASF reveló que de 244 averiguaciones previas recibidas en 2018 por la PGR por el delito de trata de personas, 74 por ciento (181) estaba en trámite y sólo 2.9 por ciento (7) se consignó.

En ese sentido, de las 288 carpetas de investigación sobre el tema registradas para trámite en 2018, 67 por ciento (192) estaba pendiente y únicamente 2.8 por ciento (8) se vinculó a proceso y concluyó con una sentencia. Lo anterior quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso y sentenciado, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad.

Por todo lo anterior, la ASF concluyó que el Estado mexicano no ha garantizado la protección de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, pues las acciones preventivas de este ilícito, de atención a las víctimas y de procuración de justicia, se han llevado a cabo de manera desarticulada debido a una deficiente gobernanza.