odavía no había terminado la reunión del Superior Tribunal de Justicia (STF) sobre habeas corpus para Lula, cuando surgió la noticia de que un militar de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) había sido apresado en Sevilla, en un vuelo presidencial para la reunión del G20, en Japón, con 29 kilogramos de cocaína.

Después de la sorpresa –a pesar de que aún este año había ocurrido un caso similar con un militar brasileño en vuelo hacia París, vinieron las preguntas: antes de todo, ¿cómo él había salido de Brasil con los paquetes de cocaína en su bolso de mano? ¿Qué significa que un miembro de las fuerzas armadas brasileñas (FFAA) estuviera envuelto en un caso de tráfico de drogas?

Además de los errores en la seguridad de la presidencia de Brasil, vinieron especulaciones del riesgo de la extensión del tráfico hacia la FAB. Inmediatamente se han asociado el uso de las FFAA en el combate al tráfico en Río de Janeiro y cómo ese contacto puede haber contaminado a esa institución. La participación de un militar vinculado a la presidencia, viajando impunemente en el avión de la comitiva presidencial, es síntoma que hay envolvimiento de otras personas dentro de la Fuerza Aérea o incluso en otros sectores de las FFAA.

Otra preocupación es que ante la falta de seguridad en un vuelo presidencial, lo que refleja es el desorden generalizado en el gobierno, que cambia de ministros y de secretarios semanalmente. En plena crisis de denuncias de The Intercept, el presidente de Brasil abrió crisis con dos sectores fundamentales del gobierno. Cambió a cuatro importantes asesores militares, incluido el de más rango en el gobierno, sustituyendo a éste por un miembro de la Policía Federal de muy bajo rango. El principal militar sustituido dijo en entrevista que el gobierno es un quilombo, que sólo se concentra sobre lo que no es prioritario, generando crisis tras crisis.

Por otro lado, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) dimitió porque no fueron encontradas las irregularidades en el funcionamiento del banco, conforme a lo que el mandatario pregonó. Los empresarios han recibido de muy mala manera la forma abrupta y sin razones de la sustitución del presidente del banco.

En ese clima, el presidente de Brasil cambió su itinerario para ir a la reunión del G20, cambiando Sevilla por Lisboa, como si esto resolviera los problemas. Se incomodó con las declaraciones de Angela Merkel de que está muy preocupada con la grave situación que vive Brasil y que pretende una conversación seria con el presidente brasileño, especialmente sobre los temas de la devastación forestal. Molesto, el mandatario brasileño dijo que aceptaría amonestaciones en la reunión del G20, en la cual no tendrá ninguna presencia significativa, incluso porque ha publicado un documento con sus posiciones esdrújulas sobre la globalización y los temas prioritarios de la reunión de Japón.

Mientras tanto, el STF votaba dos requerimentos presentados por la defensa de Lula. Uno de solicitud de cancelación de un proceso, por comportamiento nada exento de parte del juez que lo preside. El otro, de declaración de no existencia del juez Moro, lo cual, en caso de que se acepte, frente a las evidencias presentadas por The Interecept, todos los procesos dirigidos por ese juez serían cancelados, llevando a la libertad de Lula.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffman, dijo que Lula está sometido a una verdadera tortura jurídica. A cada día se crea un clima alrededor de algún nuevo recurso de la defensa de Lula, tensión, expectativa, como si se tratara de un partido final de un campeonato. Previsiones, análisis, entrevistas con jueces, trasmisión por el canal judicial, expectativa –todo inunda los medios, los tradicionales y los alternativos.

Lula siempre recomienda tener los pies en el suelo, se mantiene sereno, sin grandes expectativas. Pero las decisiones actuales del Supremo Tribunal Federal se revisten de características especiales. Son las primeras desde la revelación de las conversaciones hechas por The Intercept, donde los datos reiterados confirman lo que la defensa de Lula siempre dijo: Moro y todos los de la Lava Jato, no están habilitados, no actúan como jueces, sino como partido, coordinados, moviéndose como partido político, que tiene un objetivo: perseguir a Lula, impidiéndole ser candidato en las elecciones de 2018, cuando todas las encuestas apuntaban para la victoria de Lula en la primera vuelta.

Entre las decisiones absurdas del STF está la declaración reiterada de que el juez Moro no es apto para juzgar a Lula. La revelación de las conversaciones entre el juez y los acusadores de Lula, instruyéndolos directamente sobre cómo actuar –está absolutamente prohibido– y han replanteado esa decisión.

La primera demanda de la defensa de Lula fue rechazada, la segunda fue aplazada para agosto, después de las vacaciones del Judicial. Uno que otro juez se ha mostrado asustado con las revelaciones, uno que otro ya ha dicho que no ha cambiado su posición.

Lo cierto es que el clima político ha cambiado con esas revelaciones. Conforme son publicadas, la situación de Moro y de sus colegas queda más y más comprometida. Sospechosamente, Moro y su más cercano colaborador han viajado a Estados Unidos. Moro visitaba a órganos de seguridad del gobierno estadunidense. El mismo día en que aparecía el escándalo de tráfico de drogas en el avión presidencial, Moro visitaba la DEA, órgano estadunidense encargado del combate al tráfico, para firmar un convenio.