La difusión de un video que muestra a varios servidores públicos cuando torturan a uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa confirma que la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos.

Así lo señalaron las organizaciones civiles que han acompañado a los familiares de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Agregaron que además de exponer que en las indagatorias se usó la tortura, también se acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la encubrió, pues en su recomendación sobre los hechos sólo refirió tormentos para ocho detenidos. Demandaron castigo para quienes infringieron el maltrato. El pronunciamiento es firmado por el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar.

Agregaron que dicho material, que se subió a YouTube y fue difundido por los medios, expone que en las indagatorias se usó la tortura y prueba los tormentos documentados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) contra al menos 34 de los detenidos, lo que en su momento fue negado por la PGR (hoy Fiscalía).

También acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación (sobre el caso) que no es fiable, coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso, y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes.

Pronunciamiento de defensores de derechos

Subrayaron que se debe sancionar a los funcionarios que aparecen en los actos de tortura contra el detenido, como Carlos Gómez Arrieta, quien fue identificado a partir del video y que en octubre de 2014 –cuando se filmaron esos tormentos– fungía como comandante de la Policía Federal Ministerial.

Hasta el viernes, Gómez Arrieta se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, cargo al que renunció tras la difusión del material, pero la separación resulta insuficiente para las ONG. Lo que corresponde es que sea investigado y en su caso sancionado.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, organismos que han acompañado a las familias de los normalistas, emitieron ayer un pronunciamiento en que señalaron que el video muestra la tortura contra Carlos N, una de las 34 víctimas de tormento documentadas por la ONU-DH.

“En respuesta a señalamientos como el de la ONU-DH, la entonces PGR negó haber construido la llamada ‘verdad histórica’ con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración”, indicaron.