na nueva serie de divulgaciones del portal The Intercept y el diario Folha debilita aún más la credibilidad de la denominada operación Lava Jato (Lavado Rápido), el megaproceso judicial que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios brasileños presuntamente involucrados en una red de corrupción en torno a contratos de la petrolera nacional Petrobras.

De acuerdo con mensajes privados obte-nidos por The Intercept y dados a conocer el 10 de junio pasado, el actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, incurrió en prevaricato al sostener conversaciones ilegales con uno de los fiscales a cargo del caso, Deltan Dallagnol, en las cuales Moro le indica al acusador cómo conducir las indagaciones a fin de emitir sentencias que, según sugieren los mensajes, estaban decididas de antemano. Las nuevas revelaciones ponen al descubierto que la fiscalía también operó, a solicitud del juez, para impedir que el Consejo Nacional de Justicia investigara la conducta de Moro en el proceso, así como el hecho de que ambas partes temían que el caso quedara paralizado si la Suprema Corte Federal revisaba la manera en que se llevaban las pesquisas.

En conjunto, las revelaciones desnudan que el saldo más trascendental de Lava Jato, el encarcelamiento e inhabilitación política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no fue sino la coronación de un operativo político disfrazado de proceso judicial, urdido para apartar del poder al Partido de los Trabajadores (PT), primero mediante la destitución de Dilma Rousseff, en 2016, y posteriormente a través del aprisionamiento de Lula da Silva cuando éste lideraba todas las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, en las que se impuso el ultraderechista Jair Bolsonaro.

El nivel de corrupción exhibido por un grupo de poderosos funcionarios que presuntamente perseguían este delito pone en entredicho no sólo al conjunto de la justicia brasileña, sino incluso a la vigencia del sistema democrático en la mayor economía latinoamericana, por cuanto sus dos mandatarios más recientes han accedido al Palacio de Planalto tras apartar a sus adversarios mediante argucias legaloides que hoy resultan insostenibles.

Cabe desear que a la democracia brasileña le quede la salud suficiente para revertir esta serie de despropósitos y lanzar una investigación creíble en torno de quienes conjuraron para torcer la justicia y adulterar la voluntad ciudadana.