Tras sostener que es inaplazable la demanda social de tener paz, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, enfatizó que si uno de los eslabones en el nuevo paradigma de seguridad pública falla, el resultado es la impunidad.

En un hecho sin precedente, el presidente del máximo tribunal se pronunció sobre la Guardia Nacional y la contribución de la Corte para la formación y capacitación de los elementos de ese nuevo cuerpo de seguridad; además de reconocer la labor de las fuerzas armadas.

Durante la inauguración del curso Estándares constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional, Zaldívar indicó que con la participación del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Ejecutivo, el Estado mexicano expresa como nunca antes su voluntad y compromiso de combatir el crimen y la inseguridad con los métodos propios de la democracia.

Todos aquí somos eslabones de una misma cadena y nos rige la misma Constitución, desde quienes llevan a cabo la labor de primeros respondientes frente a hechos delictivos, pasando por quienes investigan, acusan y juzgan, todos debemos ser cuidadosos y apegarnos a los mandatos constitucionales, sostuvo.

Si cualquiera de nosotros falla, el resultado es la impunidad; en cambio, si en cada etapa los operadores actuamos conforme a derecho y respetamos las exigencias de la norma fundamental, tendremos la certeza de que al final del camino serán sancionados los verdaderos culpables y se hará justicia plena en el país, indicó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y secretarios de Estado, Zaldívar señaló que a todos los une una visión común de que para alcanzar ese camino se debe respetar la Constitución y los derechos humanos.

Frente a funcionarios y personal castrense, el ministro mencionó que el deber del Estado es salvaguardar la vida, las libertades y el patrimonio, y para ello es necesario garantizar la efectividad en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.

Acotó que que en un estado constitucional y democrático de derecho, el fin no justifica los medios, por lo que los delitos no pueden combatirse y prevenirse si no es en la forma en que lo prevén la Constitución y las leyes.

Para que el ejercicio de estas tareas sea legítimo debe realizarse con apego a las reglas que garantizan la vigencia de los derechos humanos, dijo.