El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró filas con el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República para contar con una Guardia Nacional bien capacitada, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.

Al inaugurar el curso Estándares constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional, el titular del Ejecutivo comentó que la nueva corporación será como el Plan DN-III del Ejército, que tanto prestigio y reconocimiento tiene entre la población.

Acompañado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; de los secretarios de Marina, Rafael Ojeda; de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Seguridad, Alfonso Durazo, así como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, López Obrador comentó que fue un acierto la reforma constitucional que dio paso al nuevo cuerpo de seguridad; en ese contexto, dijo, “unámonos todos, cerremos filas para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia.

Este acto marca el inicio de una etapa nueva en el quehacer de las fuerzas armadas. En la nueva realidad, era necesario e indispensable contar con su apoyo para enfrentar el grave problema de inseguridad y violencia, pues el pueblo demanda paz y seguridad, enfatizó.

El mandatario mencionó que ahora que el nuevo cuerpo de seguridad ya es legal, se debe dar un giro a las funciones de las fuerzas armadas, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.

Si logramos dar este giro, vamos a estar en condiciones de entregar buenos resultados a los ciudadanos en materia de seguridad; es un tema central, no fácil, porque la formación que se tiene de origen es de defensa nacional y ahora es la seguridad pública, agregó.

Por otra parte, Rodríguez Bucioindicó que el nuevo cuerpo de seguridad será el instrumento primordial en la prevención del delito, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia.

Explicó que el acercamiento con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República es el inicio de una coordinación interinstitucional permanente para el fortalecimiento del sistema de justicia penal.

La situación actual que vive el país exige de las instituciones una propuesta inteligente, contundente y apegada a la realidad, sostuvo.