La Barra Mexicana de Abogados (BMA) consideró que el gobierno federal atenta contra el estado de derecho luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el pasado viernes que revelaría los nombres de los promotores de amparos tramitados para la suspensión de obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, estado de México, así como los intereses detrás de ellos.

“Consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que esas acciones atentan contra el estado de derecho.

El ejercicio del derecho a la defensa de las personas e independencia del Poder Judicial deben ser ajenos a la intervención del Ejecutivo federal.

En un comunicado firmado por Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la BMA, se recordó que el 14 de junio, en conferencia, el mandatario federal advirtió que si sus adversarios logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, él los exhibirá “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses. También minimizó los fallos de jueces federales para detener las obras de Santa Lucía y atribuyó esa estrategia a actores políticos y económicos.

Al respecto, la organización señaló que la Constitución federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a la justicia y consecuentemente a interponer acciones legales, tales como juicios de amparo, entre otros, cuando consideren que sus derechos sean vulnerados.

Por ello, agregó, corresponde al Poder Judicial resolver sobre las pretensiones de los demandantes, cuya actividad jurisdiccional, en virtud de la división de poderes consagrada en nuestra Constitución, debe ser respetada y sin injerencia del Ejecutivo y el Legislativo, reiteró.

Por ello, exhortó al Ejecutivo federal de manera respetuosa para efectivamente establecer y mantener un auténtico estado de derecho, con justicia y democracia, incluyendo abstenerse de realizar las acciones referidas.