A 18 días de ser desalojados de forma violenta, integrantes de la comunidad otomí que residen en la Ciudad de México temen que las autoridades de Cuauhtémoc les quiten el campamento que mantienen frente al número 7 de la calle Londres, en la colonia Juárez, porque somos invasores de la vía pública.

Las actitudes de racismo las vivimos todos los días en nuestras vidas, en un México que discrimina por el color de la piel, por ser de un pueblo originario, y ahora se suma el desplazamiento forzado de ese inmueble, que ocuparon por años, señalaron.

Con ello se busca entregar el predio a inmobiliarias que reclaman su propiedad, como la denominada Eduardo SA de CV, con la complicidad de las autoridades capitalinas, como parte de una política de gentrificación.

El 30 de mayo, la jefa de Gobierno y el alcalde Néstor Núñez enviaron a más de 200 granaderos, quienes durante cinco horas los encapsularon y desalojaron sin mediar ninguna explicación.

En un comunicado denunciaron que el objetivo del operativo comandado por Néstor Núñez era sacar a los integrantes de la comunidad triqui y otomí del inmueble, cargando en camiones de volteo sus pertenencias, con rumbo desconocido.

Hoy, alertaron, existe el riesgo de que el campamento instalado frente a ese inmueble sea retirado, pues dentro de los planes futuros del alcalde está que dejemos de obstruir la calle, porque somos un mal adorno para sus transitadas avenidas.

Comentaron que ninguna autoridad se ha acercado a atender su demanda de vivienda en el predio que ocupaban desde hace varios años, porque las autoridades están en complicidad con inmobiliarias, para entregárselos.

Por ello, en lugar de atender nuestra demanda imponen una política de gentrificación y despojo contra los pueblos y comunidades indígenas, criminalizándonos y llamándonos sucios, insalubres, delincuentes y hasta acusándonos de trata de personas, afirmaron.