La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la importancia de proteger y no criminalizar ni estigmatizar a las personas defensoras de derechos humanos, cuyo trabajo sustituye en muchos sentidos las obligaciones que originalmente corresponden al Estado, de ahí que es necesario que las autoridades reconozcan que el trabajo de esas personas contribuye al bienestar de la ciudadanía y al desarrollo sostenible de los países.

Tal necesidad de protección deriva de las agresiones, crímenes y abusos en su contra, tales como homicidios, intimidación, amenazas, campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales y controles administrativos, entre otros, en que pueden estar involucrados servidores públicos de todos los niveles de gobierno, así como personas que actúan en su nombre, con la finalidad de silenciar o debilitar sus denuncias para que los autores de violaciones a derechos humanos queden impunes.

De acuerdo con cifras de la CNDH, desde 2006 han sido asesinadas 46 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 16 eran mujeres, y cinco personas más permanecen desaparecidas desde 2009, lo que demanda la atención e implementación de políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra esas y esos activistas.

Las entidades con mayor número de homicidios de personas defensoras son Chihuahua, con 14; Guerrero, 6; Oaxaca, 6; Veracruz, 3, y Sinaloa, 2, lo cual debe alertar a las autoridades federales, estatales y municipales para atender esta situación de riesgo y proponer medidas para evitar su repetición.

Ante ese panorama, el organismo público destacó la importancia de que las autoridades ataquen esos problemas y expresen su compromiso inalterable, como el de todos los actores involucrados, para asegurar que las personas defensoras gozan de los derechos universalmente reconocidos.