Los recursos que se obtengan por los recortes al gasto en materia de publicidad oficial, anunciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podrían utilizarse para fortalecer el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para lo cual sería necesaria reformar la Ley General de Comunicación Social (LGCS).

Así lo afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien consideró que este tipo de medidas deben ir acompañadas de otras de la misma importancia, como hacer que los estados y municipios también participen a nivel local en la protección a comunicadores y activistas.

Dado que en la administración anterior se gastaron más de 60 y tantos mil millones de pesos en publicidad oficial y este gobierno dijo que recortaría ese monto en 50 por ciento, vale la pena que se contemple una parte de esa cantidad para fortalecer el Mecanismo de Protección, indicó Salas en entrevista con La Jornada.

De igual manera, en el contexto de una posible reforma a la LGCS, sería pertinente hacer modificaciones para que las labores de cuidado a los periodistas y defensores que han sido amenazados no sólo corran a cargo del gobierno federal, sino que las autoridades estatales y municipales también participen en estas labores, igual que los poderes Legislativo y Judicial.

Una prueba de la necesidad de involucrar a gobernadores y alcaldes, enfatizó el comisionado del Inai, es el reciente asesinato de la periodista Norma Sarabia y del ambientalista José Luis Álvarez Flores, ambos ocurridos en Tabasco.

La violencia se genera en territorios específicos, y si no hay responsabilidad en el ámbito estatal y municipal, será difícil que con guaruras y escoltas, o sacando a las personas de su lugar de origen, la problemática se vaya a resolver, manifestó Salas.

Por otro lado, una reforma a la mencionada ley de comunicación social podría servir para que los fondos por publicidad oficial dejen de ser usados para condicionar la línea editorial de los medios, y en cambio se genere una especie de fondo para la investigación periodística, donde los reporteros puedan obtener recursos para desarrollar trabajos a profundidad.

El actual gobierno tiene una gran oportunidad, porque tiene la mayoría en ambas cámaras y debería aprovechar la coyuntura para regular el gasto excesivo en publicidad oficial y frenar los lamentables asesinatos de periodistas. Debemos darle una pronta solución a este problema, con la participación de gobernadores y alcaldes, estimó.