Debido a expedientes y documentación incompleta no fue posible verificar el registro correcto de adquisiciones, enajenaciones e inventarios físicos de existencias en almacén ni aclarar irregularidades como sobreprecios, así como la utilidad y justificación de las compras en el gasto 2018 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –hasta su extinción en septiembre– y el Congreso de la Ciudad de México para concluir el año fiscal.

La auditoría externa –contratada por el mismo Congreso local con el despacho Freyssinier México– al ejercicio del legislativo local, que tuvo un presupuesto modificado de 2 mil 382 millones de pesos el año pasado, señala que tampoco fue posible obtener evidencia suficiente de diversas adquisiciones de bienes y servicios reportados por la ALDF para el registro contable y presupuestal posterior al cierre del ejercicio de 2017.

El informe refiere que de compras por 410 millones 588 mil 861 pesos reportadas por la Dirección General de Administración, no se proporcionaron todos los expedientes o se entregaron incompletos, para poder verificar por ejemplo los dictámenes de adjudicación, actas del subcomité de adquisiciones y su instrucción mediante acuerdos administrativos, situación que afectó el registro correcto y oportuno de las operaciones, cuyo efecto no ha sido cuantificado en los registros contables y presupuestales. Añade que tampoco se han aclarado posibles observaciones en el proceso de adquisiciones o irregularidades como sobreprecios o la justificación y utilidad legislativa de las mismas.

La auditoría refiere que también se localizaron contratos por 10 millones 423 mil 285 pesos que no estaban registrados total o parcialmente.

La ALDF careció de un registro sistematizado o control de entradas y salidas que permitieran determinar y conocer las existencias de inventarios.

El despacho detectó además que la Comisión de Gobierno de la extinta ALDF, que tuvo en la presidencia al entonces diputado Leonel Luna Estrada (PRD) y como secretario al ahora diputado federal panista Jorge Romero Herrera, autorizó operaciones extemporáneas de adquisiciones de 2017 por 122 millones 915 mil 279 pesos, con cargo al presupuesto de 2018.

El auditor externo advirtió además que tampoco se tuvo acceso a los acuerdos de la actual Junta de Coordinación Política del Congreso, el Comité de Administración, ni respuesta de los grupos parlamentarios y diputados, por lo que desconocemos si los acuerdos de dichos órganos y los recursos presupuestales que les fueron asignados durante el ejercicio 2018 se encuentran debidamente registrados y revelados en los estados financieros.

La revisión dio cuenta además de que se dieron de baja bienes valuados en 259 mil 627 pesos, pero tampoco se encontró información de su conclusión, enajenación o ingresos por dichos bienes.