Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer que su gobierno estudia la posibilidad de otorgar el estatus de Protección Temporal a miles de migrantes venezolanos, lo que les permitiría seguir en Estados Unidos.

Lo estamos pensando, estamos muy involucrados con la crisis en Venezuela, afirmó Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca. Añadió que la situación en el país petrolero se ha gestado durante mucho tiempo, pero no habló sobre los motivos del problema.

El Departamento de Estado anunció el viernes que el gobierno reconoció la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de extender la validez de los pasaportes de la población venezolana hasta cinco años después de su fecha de expiración. Sin embargo, precisó que ninguna medida modificará los requisitos para obtener una visa estadunidense.

El estatus de Protección Temporal se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras, y les permite quedarse en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones.

En otro orden, 96 por ciento de las empresas venezolanas paralizó o disminuyó su producción en el primer trimestre de 2019, debido a los apagones, la escasez de gasolina y la restricción de créditos, indicó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales.

A su vez, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que 34 personas son investigadas por el fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril, que encabezó el opositor Juan Guaidó, y 17 están detenidas y ya han sido imputadas.

Respecto del ataque fallido contra el presidente bolivariano, Nicolás Maduro, ocurrido en agosto de 2018, el fiscal señaló que hay 38 personas imputadas, de las cuales 31 están en la cárcel. Precisó que algunos de los acusados por estos hechos se encuentran fuera del país, por lo que apremió a las autoridades de Colombia y Estados Unidos a entregarlos.

La agencia de noticias Reuters aseguró, con base en registros judiciales reservados, que hay poca evidencia, e incluso contradictoria, sobre la detención por posesión de armas de Roberto Marreiro, principal asesor de Guaidó.