La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investiga 4 mil 345 quejas por presuntas violaciones en el ámbito penitenciario, presentadas de enero de 2018 a mayo pasado, de las cuales 28 por ciento fueron en los primeros cinco meses de este gobierno.

En la presentación de la Propuesta general 01/2018. La ejecución penal desde los derechos humanos, la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, precisó que el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente concentró 23.6 por ciento de las quejas.

El Reclusorio Norte tuvo 17 por ciento y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, 7.7. La omisión o abstención de brindar una adecuada protección a la integridad física y sicológica, así como de custodia, comprendieron 50 por ciento de las menciones.

De acuerdo con las quejas presentadas por 4 mil 757 víctimas –82 por ciento hombres–, el derecho a la salud, a la seguridad jurídica y a la integridad personal se ubicaron en el segundo sitio, con 9.2 por ciento, sin que haya mecanismos para reparar los daños que generan esas conductas.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra, y el subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, la ombudsman destacó que los prejuicios se acumulan en función de la orientación sexual, identidad de género o discapacidad.

La comisión ha investigado en ese lapso 51 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de personas que dicen pertenecer a la comunidad lésbico-gay, detalló.

Las conductas cometidas directamente por la autoridad, o con su anuencia, dijo, se traducen en tortura, malos tratos, abusos, afectaciones a la vida, integridad física y sicológica, al derecho al trabajo, salud, educación y seguridad.

En ese acto, donde participó también el segundo visitador de la CDHDF, Iván García Gárate, el presidente del TSJ señaló que la ejecución de las penas no debe estar sujeta a la discrecionalidad de las autoridades.

Hoy, puntualizó, se debe cumplir con tres funciones principales: de vigilancia con el fin de establecer mejores condiciones de internamiento; consultiva para formular mecanismos o señalamientos a la autoridad penitenciaria y mejorar las condiciones de vida de esas personas; y decisoria jurisdiccional para que los juzgadores diriman todas las controversias en la materia.